El juez Rafael Martínez declaró este viernes que debiera solicitarse a la justicia de Chile una nueva ampliación de la extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori para ser procesado por las presuntas esterilizaciones forzadas de más de 2.000 mujeres en su segundo gobierno, aunque aún no ha resuelto abrir el juicio.
El magistrado viene leyendo por casi tres meses la resolución que decidirá si abre juicio penal por el presunto delito de lesiones graves, seguido de muerte, contra Fujimori y tres de sus exministros de salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.
Durante la audiencia de esta jornada, Martínez afirmó que el juzgado entiende que debiera interponerse una demanda ampliatoria de extradición, como ha ocurrido en otros casos anteriores, para fines de esta investigación.
«La persecución penal de la causa depende de un pronunciamiento que debe emitir Chile con motivo de una solicitud de extradición», añadió el juez.
Fujimori, de 83 años, cumple actualmente una condena por 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y tiene actualmente abierto otro proceso por la matanza de Pativilca.
En todos esos procesos, la justicia de Perú solicitó a Chile, donde Fujimori fue detenido en 2006, su autorización para incluir esos delitos en el pedido de extradición que permitió su enjuiciamiento en el país.
DELITOS QUE NO PRESCRIBEN
Martínez recordó que el Tribunal Constitucional de Perú tiene una posición conocida al haber emitido pronunciamientos sobre la imprescriptibilidad de los delitos que tengan incidencia en los derechos humanos, como se ha calificado en este caso.
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El plan estatal del gobierno de Fujimori, de realizar ligaduras de trompas y vasectomías en pobladores vulnerables, afectó bienes jurídicos como son la vida y la integridad a un número de personas, «dentro de una política instaurada, controlada desde niveles superiores, y enmarcada en poderes del Estado», precisó el juez.
Fujimori «tuvo la condición de ser presidente y jefe de todos los estamentos, y como tal se encontraba premunido de los poderes de mando, en diferentes áreas», agregó.
En tal sentido, Martínez consideró que el expresidente y exministros calificarían para ser investigados como autores mediatos por dominio de posición y desestimó la postura de la defensa de que los delitos debían atribuirse a los responsables directos de las esterilizaciones.
CINCO MUJERES FALLECIDAS
Según las investigaciones citadas por el juez, cinco de las 2.000 mujeres denunciantes fallecieron por complicaciones posteriores a las intervenciones quirúrgicas debido a la falta de seguimiento del personal de salud y a las deficientes condiciones en las que fueron operadas.
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Durante el segundo gobierno de Fujimori (1995-2000) fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016, pero poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y cinco de ellas fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
EFE