Un juez peruano anunciará el próximo 21 de septiembre si el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es enjuiciado por las denuncias de esterilizaciones forzosas cometidas durante su Gobierno.
En este caso se acusa y plantea procesar a los responsables de la muerte de ciudadanas como Mamérita Mestanza, por la que el Estado peruano reconoció en 2003 su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El magistrado Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, anunciará su decisión después de exponer este martes durante seis horas, en una audiencia virtual, los detalles del caso, que también fueron traducidos al quechua, el idioma que hablan muchas de las afectadas.
Martínez determinará si Fujimori, quien actualmente cumple una condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, es procesado por lesiones graves seguidas de muerte y otros cargos.
Junto al exmandatario también han sido acusados por la Fiscalía como autores mediatos (con dominio del hecho) sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actual congresista del partido Fuerza Popular.
Durante la etapa de la acusación, el fiscal Pablo Espinoza afirmó que Fujimori «en su condición de presidente de la República, ubicado en la cúspide del aparato de poder bajo su mando, resulta el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas».
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En el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.
Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo «cuotas» para los médicos a cargo de las operaciones.
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«Puso atención en las familias que representaban un sector de bajos ingresos, con nivel educativo ineficiente. Este tipo de atención fue dirigida a esos segmentos», afirmó el juez Martínez.
Agregó que «para el éxito (del programa) debía de existir una captación en aquellas zonas rurales con ese tipo de características, que era donde existía la mayor tasa de natalidad» en el país.
El juez también mencionó que una resolución estableció que no era necesaria la autorización del cónyuge para que las mujeres accedan a estos métodos, con lo cual se vulneró el acuerdo previo de la pareja en decisiones sobre planificación familiar.
Según datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, durante esos años se esterilizó a más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin su consentimiento informado.
Algo más de 8.000 mujeres y hombres están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
EFE