MADRID/España.- Un juez de la Audiencia Nacional española decidió hoy reabrir el caso sobre la llamada «caja B» del gobernante Partido Popular (PP) al contar con nuevos datos procedentes de testimonios de personas vinculadas en el pasado a la formación y empresarios.
El juez José de la Mata citó para el 23 de marzo como investigados al cabecilla de una trama corrupta, Francisco Correa (que tuvo negocios con el PP) y al expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, así como al empresario Plácido Vázquez.
De la Mata adoptó esta decisión en un auto con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y después de que lo solicitaran las acusaciones particulares a raíz de las revelaciones de Correa en el juicio por la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional.
Los de las tres personas citadas «son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos», considera el juez.
El magistrado ve también «pertinente» comprobar si las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas «reflejan las contraprestaciones en metálico obtenidas» por el PP de «diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras».
Francisco Correa apuntó a las firmas OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que se dirigían a él para que consiguiera contratos del PP.
El presidente de la primera empresa, Juan Miguel Villar Mir, fue investigado en el caso de la «contabilidad B» del Partido Popular junto con García Pozuelo, pero el juez les levantó esa imputación.
Según relató Correa, él daba dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo, entre los que hay varios cargos locales y, asimismo, entregaba entre el 2 y el 3% al extesorero Luis Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.
Al acordar la reapertura de la causa y dejar sin efecto «el sobreseimiento provisional», el juez pide también a la Sala que le remita de nuevo las actuaciones desde que su predecesor Pablo Ruz concluyó la investigación en marzo del 2015 hasta la actualidad.
Al dar por finalizada la investigación, Ruz archivó la causa para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad paralela del partido.
Lo hizo porque ninguno de los empresarios reconoció haber pagado dinero al PP por contratos y no había ningún otro indicio contra ellos, pero este panorama ha cambiado después de las declaraciones en el juicio de García Pozuelo y Correa.
El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1.5 millones en el 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y el exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas, cosa que no hizo durante la instrucción de la pieza de la caja B, en la que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.
En la contabilidad paralela del partido, cuya existencia reconoció Bárcenas, se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72,000 euros el 2000 y otros 90,000 más el 2003 y 2004, y Villar Mir otros 530,000 euros en los años 2004, 2006 y 2008.
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