El nuevo juicio contra 14 militares peruanos por la presunta violación sexual de 9 mujeres campesinas, en la región andina de Huancavelica entre 1984 y 1991, contará con intérpretes del idioma quechua y asistencia psicológica para las víctimas, según acordó este miércoles el tribunal a cargo.
Las acusaciones de violación sexual datan de la época del conflicto armado interno, que azotó Perú entre 1980 y 2000, y son considerados delitos de lesa humanidad en agravio de las mujeres, entonces adolescentes, de las comunidades de Manta y Vilca.
El nuevo juicio por este caso sucede a otro proceso anulado el año pasado por presuntas irregularidades de los jueces que no permitieron a la defensa el uso de las pruebas.
Este miércoles, en el inicio del juicio, al que acudieron 5 de los 13 acusados, pues uno de ellos no pudo ser notificado por dar una dirección falsa, el tribunal señaló que tomará en cuenta las recomendaciones de la Corte Suprema que en 2018 resolvió la recusación contra los jueces de la anterior sala y anunció que tendrá «perspectiva de género».
La sala acordó solicitar dos intérpretes especializados en el quechua de la región de Huancavelica para traducir el juicio a las víctimas, así como pedir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinde acompañamiento psicológico para las nueve mujeres agraviadas, según informó la organización feminista Demus, a cargo de la defensa de las víctimas.
No obstante, los abogados de los acusados se opusieron a que se facilite intérpretes para las denunciantes por considerar que podrían tener algún tipo de relación con las víctimas, y también a que estén acompañadas de psicólogas por considerar que podrían orientar sus declaraciones.
La defensa de las mujeres víctimas solicitó también que el juicio sea público por considerar que son temas de trascendencia social, a lo que los abogados de los militares acusados se opusieron por temor a una posible «presión mediática».
Tras estas intervenciones, el tribunal decidió suspender el juicio hasta el 27 de marzo y anunció que entonces tomará una posición sobre si hacer público el juicio o no.
Un primer proceso por el caso Manta y Vilca se abrió en 2016, después de ocho años de investigación, pero los jueces fueron recusados por la defensa de las mujeres por irregularidades e impedimento de uso de las pruebas, tras lo cual fue anulado en septiembre de 2018.
Durante ese primer proceso, los militares acusados dijeron que las denunciantes habían sido sus parejas para negar las violaciones, y que los acusaron al sentirse despechadas porque las abandonaron con sus hijos, producto de los presuntos abusos.
Además, afirmaron que no tenían necesidad de acudir a los abusos sexuales porque en la base militar en la que estaban destacados tenían un prostíbulo.
Sin embargo, las mujeres denunciantes afirmaron que los militares, en grupo, las violaron varias veces cuando ellas tenían entre 14 y 17 años de edad.
Las violaciones, algunas de ellas con la participación de varios militares, fueron denunciadas por un grupo de mujeres de las comunidades campesinas de Manta y Vilca, en el marco del conflicto interno que enfrentó a las Fuerzas Armadas de Perú con las bandas armadas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000. EFE