El pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al congresista Heriberto Benítez, por supuestamente impedir la actuación de los fiscales en el caso La Centralita, en el año 2011.
El informe de la Comisión de Ética que propuso la sanción contra Heriberto Benítez recibió el respaldo de 54 congresistas, mientras que 37 votaron en contra y seis se abstuvieron.
Según dicho informe, cuando los fiscales encargados de investigar este caso llegaron al local donde funcionaba La Centralita para allanarlo en el marco de la ley, Benítez los presionó para frustrar esa diligencia y consiguió que no fuera llevada a cabo.
La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que en virtud a la decisión del pleno, el referido parlamentario queda suspendido por 120 días de legislatura, se le hará el descuento respectivo en sus remuneraciones, y el informe pasará a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.
Durante el debate del informe, Heriberto Benítez ratificó su inocencia y dijo que la Comisión de Ética no tiene competencia para sancionarlo, por cuanto los hechos se produjeron el 13 de julio del 2011, cuando aún no había asumido el cargo de parlamentario.
Además, indicó que nunca interfirió la labor de los fiscales, pues lo único que hizo fue protestar por el allanamiento indebido de su vivienda en Áncash, ubicada en el tercer piso del mismo inmueble en que operaba La Centralita, un centro de escuchas telefónicas ilegales en contra de los opositores al entonces presidente regional César Álvarez.
Heriberto Benítez descartó también alguna vinculación con el destituido fiscal de Nación, Carlos Ramos Heredia, y afirmó que si acudió a su despacho para hacer la denuncia, cuando era fiscal de Control Interno, fue porque de por medio estaba la denuncia contra un vocal superior.
La tesis de Heriberto Benítez fue respaldada por el congresista Santiago Gastañadui (GP), al señalar que el mismo Código de Ética Parlamentaria señala que su labor es sancionar las inconductas funcionales de los parlamentarios.
En ese sentido, anotó que el día de los hechos, Heriberto Benítez era congresista electo, pero recién asumió funciones el 27 de julio, por lo cual no se le puede aplicar el Código de Ética del Parlamento.
Como antecedente, citó el caso de los nueve legisladores electos que en julio del 2006 irrumpieron violentamente en el hemiciclo para impedir aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Según Gastañadui, estos legisladores no pudieron ser sancionados, precisamente bajo el argumento de que aún no habían asumido funciones.
Sin embargo, esto fue rebatido por el congresista Mauricio Mulder, quien señaló los congresistas son tales desde el momento en que reciben sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, y están sujetos a las mismas prerrogativas y derechos que un parlamentario en funciones.
Advirtió una incoherencia la actitud de Benítez, quien por un lado desconoce la competencia de la Comisión de Ética, pero luego se ampara en la inmunidad parlamentaria para no responder por este mismo caso al Poder Judicial, donde hay un proceso en su contra.
El pleno del Congreso decidió también acusarlo constitucionalmente por el presunto delito de patrocinio ilegal, al favorecer los intereses del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez.
ANDINA