Con la salida de cuatro ministros en una semana y la ominosa sombra de Odebrecht acechando sobre su gobierno, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, zanjó, al menos temporalmente, una inesperada y «autoinfligida» crisis ministerial antes de que asuma el Parlamento surgido de las elecciones de enero.
Tras la tormenta política de la semana, el Ejecutivo, con sus flamantes cuatro nuevos ministros, se afanó en ofrecer explicaciones sobre las destituciones, dimisiones y recambios en su seno sin que analistas, politólogos, periodistas y la propia ciudadanía acierten aún a encontrar el motivo de fondo tras lo sucedido salvo el «miedo» a la constructora brasileña.
Según apuntó a Efe el analista político Francisco Belaúnde, esta crisis se deriva de la demanda que Odebrecht anunció que presentará por más de mil millones de dólares contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
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La gestión del anuncio por el Ejecutivo estuvo «plagada de tropiezos y errores», fue más bien «como apagar el fuego con gasolina».
«Fue una torpeza todo y uno se pregunta qué cosa tienen en la cabeza. Vizcarra tenía ciertas habilidades, pero ahora parece que se asusta ante los conflictos», afirmó el analista.
CRONOLOGÍA DE UN ENREDO
El enredo en el que se metió el Ejecutivo peruano arrancó a principios de enero, cuando se hizo evidente que Odebrecht, que mantiene un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía peruana para ayudar en las investigaciones por los delitos de corrupción que protagonizó en el país, iba a reclamar ante el Ciadi.
Ese reclamo es por la suspensión unilateral que el Ejecutivo hizo en junio de 2017, en plena tormenta por las revelaciones de corrupción de Odebrecht, del contrato para el desarrollo del Gasoducto del Sur, firmado en 2014 y por el que la empresa no reconoce haber cometido delito alguno.
En esas fechas, y antes de que se anunciara el reclamo, el procurador peruano para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, alertó a parte del Ejecutivo del problema y participó junto a varios ministros en reuniones con representantes de la empresa para analizar el escenario que se venía.
La semana pasada, cuando la empresa hizo pública la demanda, comenzaron a caer las fichas, la primera de ellas el propio Ramírez, que fue destituido y ostensiblemente responsabilizado por haber sido blando con Odebrecht en sus negociaciones.
Ramírez ya era cuestionado por plantear una reparación civil de 180 millones de dólares para la empresa y defender que se le devolvieran más de 150 millones de dólares que estaban retenidos mientras negociaba su acuerdo de colaboración eficaz.
Si bien las reuniones con los representantes de Odebrecht en enero fueron públicas, abiertas, registradas y aparentemente consensuadas con el Ejecutivo, la reacción política fue de sorpresa.
«La impresión es que el Gobierno está asustado con este tema de Odebrecht y tiene miedo que lo vinculen, y me parece que en estas reuniones abiertas, no había razón para despedir a Ramírez… Se fue a atacar al punto más débil del entramado, pero resulta que todo el Gobierno estaba enterado y eso fue una metida de pata y fue absurdo», apuntó Belaúnde.
CAÍDA DE LOS MINISTROS
Tras Ramírez llegó el turno del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, quien dimitió el lunes porque, además de haber participado en esos encuentros, se supo que años antes había sido asesor de la empresa brasileña cuando negociaba el contrato del Gasoducto del Sur.
Ana Revilla, ministra de Justicia, fue la siguiente en la lista y dimitió el jueves tras cruzar palabras con Ramírez sobre dichas reuniones, un paso que, ya con el gabinete en crisis, fue aprovechado por Vizcarra para renovar otros dos ministerios e intentar cerrar el problema de un golpe.
Edwin Trujillo, estrecho colaborador de Vizcarra y ministro de Transporte y Comunicaciones, muy cuestionado por sus manejos cuando era funcionario en la provincia de Moquegua, también dejó su cargo, «barrido bajo la mesa» para que el Gobierno se quitara un problema, según Belaúnde.
El cambio de la ministra de Educación, Flor Pablo, es de momento el más enigmático, ya que fue una firme defensora de las políticas educativas de Vizcarra y enfrentó duros choques con la oposición.
«Esa ministra estaba en primera línea, fue atacada por el fujimorismo… Algunos indican que fue un pedido de las bancadas del nuevo Congreso como señal para dar su apoyo al Ejecutivo, pero si se trata de una ofrenda, no se sabe a quién, no tiene mucho sentido», afirmó el analista.
NINGUNA RELACIÓN
Para el Gobierno, sin embargo, nada de lo sucedido tiene relación con Odebrecht, sino con cambios que ya se venían valorando desde hace tiempo para precisamente entrar a trabajar de la mejor manera posible con el nuevo Congreso que asumirá el próximo mes.
Así de categórico fue el primer ministro, Vicente Zeballos, quien en declaraciones a la emisora RPP reafirmó que «los cambios que el Gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con esta reunión del ministro de Energía con Odebrecht y el procurador».
«A efectos de las renuncias, ya veníamos hablando con el presidente que, adentrados en un nuevo escenario, con un nuevo parlamento, veíamos como reforzar la línea política en este nuevo escenario.(…) Desmarcamos los temas, se dio la disyuntiva de un tema y se dio la oportunidad», afirmó.
Vizcarra también se refirió a los cambios durante una visita a la región de Arequipa, donde apuntó que los nuevos ministros buscan «fortalecer» al equipo de gobierno.
De forma reiterada, además, apuntó que en lo tocante a Odebrecht, «la decisión es clara y el principal objetivo es luchar contra la corrupción», y que pese a los intentos de la empresa de «llegar a un acuerdo», lo que se reafirmó es que «no negociamos y no coordinamos con la corrupción».
EFE / Foto Andina – Videos RPP