LA PAZ/Bolivia.- Los abogados italianos Mario Antonio Angelelli y Arturo Salerni, que consiguieron este año una sentencia histórica en Roma contra el Plan Cóndor, aseguraron en Bolivia que en esa batalla su principal enemigo ha sido el tiempo.
En un acto organizado esta semana en la vicepresidencia de Bolivia, donde también intervinieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el ministro de Justicia, Héctor Arce, los juristas italianos relataron el proceso, que comenzó en 1999 con una denuncia en Roma y pasó a juicio oral recién en el 2015.
Dieciocho años después del inicio de ese camino, en enero de este año, un tribunal romano condenó a ocho de los veintisiete imputados a cadena perpetua, incluido el dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) y el que fue su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
Mario Antonio Angelelli.
La sentencia -que no es definitiva por las apelaciones- es importante porque, por primera vez, certifica por la vía judicial la existencia del Plan Cóndor como un esfuerzo coordinado de las dictaduras militares de varios países de Suramérica, sobre todo del Cono Sur, para cometer crímenes de lesa humanidad.
El Plan Cóndor, impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), coordinó la represión a la oposición en las décadas de 1970 y 1980 por parte de los gobiernos militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Varios condenados en Roma han recurrido el fallo, incluido García Meza, que ya cumple sentencia en Bolivia, condenado a 30 años sin derecho a indulto, aunque ha pasado cerca de una década internado en un hospital militar por su delicado estado de salud.
Por su parte, los abogados de las víctimas -una veintena de italo-latinoamericanos en este caso- también justificaron las apelaciones por las absoluciones del resto de imputados procesados.
En La Paz, Angelelli explicó que la condena sólo tocó a las cúpulas de las dictaduras por ser responsables del diseño del Plan Cóndor, pero no a otros imputados por la ejecución material de las detenciones ilegales y secuestros.
El tiempo fue el principal enemigo del juicio porque esos crímenes prescribieron para la legislación italiana, y por eso, a pesar de que en muchos casos sí se demostró la implicación de los acusados, no fueron condenados, argumentaron los juristas.
Por otra parte, presuntos homicidas recibieron la absolución del tribunal italiano porque nunca aparecieron los cadáveres, como una consecuencia de las desapariciones durante la represión.
Otros acusados fallecieron en el transcurso del proceso, explicó el abogado Angelelli.
Salerni agradeció a las familias de los desaparecidos que contribuyeron a armar el proceso y a las decenas de testigos que contaron «la historia de sufrimiento, violencia institucional e intento de impunidad ante el que la Justicia no se puede parar».
El Plan Cóndor, según Salerni, fue un operativo «agravado por la premeditación y la crueldad» en que las dictaduras compartieron información de inteligencia, pero que buscó especialmente el asesinato de opositores que huían de un país a otro en la región.
Para avanzar en su propio camino de esclarecimiento, en Bolivia, según Montaño, el presidente Evo Morales está impulsando la creación de la Comisión de la Verdad, un ente que dirigirán cinco personas para investigar crímenes de las dictaduras y gobiernos de facto entre 1964 y 1982, año en que Bolivia volvió a la democracia.
Una asociación de víctimas de las dictaduras reclamó en ese acto de la vicepresidencia a gritos medidas contra la impunidad e incluso dijeron que en Bolivia hay «impunidad y complicidad», en alusión a que todavía no se ha juzgados a los responsables de las dictaduras.
El Plan Cóndor, subrayó Arce, fue un proceso «siempre guiado, nutrido y alentado con el consejo del imperio norteamericano», y calificó los años de las dictaduras militares como «la etapa más siniestra de la historia contemporánea de América Latina».
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