Actualmente las personas más vulnerables, como niños, madres gestantes y ancianos, que han sido afectadas por la contaminación por plomo en La Oroya, así como a la población en general, se encontrarían en abandono por parte de las autoridades del sector salud.
Rosa Amaro, ex presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO), manifestó que el Ministerio de Salud no hizo cumplir el mandato del Tribunal Constitucional, para equipar debidamente a los establecimientos de salud para poder atender los graves casos de contaminación de la población de La Oroya.
“Ya en el año 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación en la ciudad. El 31 de agosto de 2007, la CIDH ordenó al Estado la adopción de medidas para proteger la salud, integridad y vida de un grupo de residentes de La Oroya”, manifestó.
Rosa Amaro indicó que la empresa Doe Run tiene un programa de atención de niños con plomo en sangre llamado Cuna Jardín Casaracra, en el que se atienden a infantes de los 2 a 5 años de edad, pero en la actualidad solo se están tratando a 43 niños siendo mucho mayor la población infantil afectada.
“El Estado debería realizar un programa similar que atienda a todos los afectados, lo cual se podría realizar a través del SIS, Cuna Más, Juntos y otros programas sociales”, añadió.
“El Ministerio de Salud creó la Estrategia de Metales Pesados con una sucursal en La Oroya, pero no se fortaleció con suficientes profesionales especializados en este tipo de contaminación, y lo que es peor, no se les asignó un presupuesto que permita una adecuada atención a la población afectada. Recién desde el año 2013 se ha visto un mayor trabajo de esta Estrategia pero que es limitada por falta de personal y presupuesto”, sentenció.