PARÍS.- La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido hallada hoy culpable de «negligencia» en el ejercicio de sus funciones cuando era ministra francesa de Economía por el Tribunal de Justicia de la República, aunque ha sido dispensada de cumplir pena.
Lagarde no asistió a la lectura del veredicto en París y, según sus abogados, se halla en Washington, sede del organismo que dirige desde 2011.
El FMI anunció en Washington que tiene previsto reunirse hoy para estudiar las consecuencias de la decisión de la justicia francesa.
La inesperada condena de Lagarde, puesto que la Fiscalía había pedido su absolución, abre las dudas sobre su continuidad al frente de la institución multilateral.
Los tres magistrados y 12 parlamentarios que componen la corte consideraron que Lagarde debió recurrir la atribución de una multimillonaria indemnización al empresario Bernard Tapie en 2008 y que fue «negligente» no hacerlo.
La entonces ministra de Economía y Finanzas había decidido que fuera un arbitraje privado quien decidiera esa indemnización por la venta de la marca deportiva Adidas, que había sido previamente confiscada por la justicia francesa.
Los tres árbitros decidieron que el erario público desembolsara más de 400 millones de euros, 45 millones de ellos en concepto de daño moral a Tapie.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la República, una instancia especial para juzgar a ministros y exministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, encuentra negligente que Lagarde se negara a recurrir esa indemnización «para evitar consecuencias tan nefastas» para las arcas del Estado.
Según el veredicto, Lagarde no escuchó a los miembros de sus servicios que le aconsejaban apelar, lo que habría dejado al Estado en una situación más favorable para negociar con Tapie la indemnización.
Sin embargo, a la luz de la «personalidad» y la «reputación internacional» de Lagarde, los jueces decidieron no imponerle ninguna pena y que la condena no figure en su ficha de antecedentes judiciales, pese a que el delito que le imputaban puede ser condenado hasta con un año de prisión exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa.
A eso se aferró su abogado, Patrick Maisonneuve, quien señaló en declaraciones a la prensa que el tribunal no le ha impuesto pena alguna a su clienta.
El letrado agregó además que estudiarán la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
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