La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) envió una carta al Gobernador Regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, manifestando su profunda preocupación y rechazo frente a una propuesta de directiva presentada por la Oficina de Comunicaciones del Gobierno Regional de Lambayeque que perjudicaría la cobertura informativa en esta institución pública.
En la misiva, la ANP resalta varias irregularidades y potenciales violaciones a la libertad de prensa contenidas en la propuesta. Entre estas, se da cuenta que la propuesta exige que los periodistas posean una acreditación formal emitida por su medio de comunicación y validada por el Colegio de Periodistas, Federación de Periodistas y/o Círculo de Periodistas, lo que constituye un acto de discriminación a las y los periodistas que no cuenten con dicha colegiatura o membresía, que no es obligatoria en un país como el nuestro.
Además, se propone establecer que los periodistas deben notificar su intención de ingresar con al menos 24 horas de anticipación a la sede regional, lo que puede resultar en decisiones discrecionales que limiten las libertades informativas. En ese sentido, la propuesta menciona que los periodistas acreditados son responsables de la veracidad y ética en su labor informativa dentro de la sede gubernamental, y cualquier violación puede resultar en la revocación de su acreditación.
La ANP ha sido enfática en señalar que esto convertiría al Gobierno Regional en un censor informativo, lo cual es incompatible con las garantías constitucionales a la libertad de prensa.
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La ANP resalta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional han señalado que no se puede impedir el ejercicio del periodismo exigiendo la pertenencia a colegios profesionales o instituciones de diversa índole, ya que ello impondría restricciones que son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.
En virtud de lo expuesto, la ANP hace un llamado urgente para que esta propuesta sea desestimada y archivada inmediatamente, ya que carece de fundamentos fácticos y jurídicos que justifiquen su implementación.
La aprobación de esta directiva constituiría una grave afrenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información, además de ser una violación de la normativa nacional e internacional que protege el trabajo periodístico.