En sesión extraordinaria la Junta de Fiscales Supremos decidió interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que establece la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
La Fiscalía de la Nación expresó en un comunicado su rechazo a esta norma, debido a que vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados al impedir al Ministerio Público ejercer su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha tiene su cargo por hechos de especial gravedad.
El Ministerio Público advierte que esta ley «frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, y perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia, y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes».
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Además, la Fiscalía respalda lo manifestado por la Corte Interamericana en torno a esta norma.
«(La Ley 32107) atenta contra la defensa de los derechos humanos debido a que se contrapone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y otros tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado», detallan.
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