El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará un proyecto de ley que permitirá al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) examinar los teléfonos móviles incautados en operativos penitenciarios, siempre bajo supervisión fiscal o policial.
Actualmente, estos dispositivos son retenidos por la Policía y luego enviados al Ministerio Público, pero en muchos casos no son analizados, lo que dificulta las investigaciones sobre actividades ilícitas al interior de las prisiones.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana explicó que la iniciativa pretende agilizar el proceso, permitiendo una revisión inmediata de los equipos para obtener información relevante en casos de delitos.
«La idea es que el INPE, en coordinación con la Fiscalía o la Policía, pueda acceder rápidamente a los datos de estos celulares, sin necesidad de trámites burocráticos que retrasen las pesquisas», señaló tras una reunión del Cuarto de Guerra contra la Delincuencia.
Además, detalló otras medidas en marcha, como un decreto supremo para reforzar la identificación de personas requisitoriadas en centros comerciales, espacios públicos y eventos masivos no deportivos, incluyendo controles a migrantes.
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También se plantea modificar el Decreto Legislativo 1229 para prohibir la instalación de antenas de telecomunicaciones en un radio mayor a 200 metros alrededor de los penales, cerrando un vacío legal que ha permitido a algunas municipalidades autorizar construcciones en estas zonas.
Otra propuesta en discusión es la creación de una franja informativa obligatoria en medios de comunicación durante estados de emergencia, donde se difundirán las acciones del gobierno contra la criminalidad. Arana también informó que ya se están realizando intervenciones en cárceles de Lima y Callao, con planes de extender estos operativos a nivel nacional para reafirmar el control en los centros penitenciarios.
«Vamos a intensificar las acciones para garantizar el orden y la seguridad en las prisiones del país», aseguró.
Foto Andina