TÚNEZ.- El derecho a ejercer la libertad de expresión está en riesgo alto en Túnez a causa de la presión del Gobierno tunecino y la aplicación de leyes obsoletas, excesivamente amplias y represivas, que facilitan la posibilidad de abrir procesos a personas que opinan y denuncian a través de la redes sociales, alertó hoy la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional.
En un comunicado difundo este lunes, la ONG recuerda que entre 2018 y 2020 al menos 40 blogueros, administradores de conocidas páginas en redes sociales como Facebook, activistas políticos y defensores de los derechos humanos se han visto obligados a hacer frente a procesos penales «simplemente por «criticar a las autoridades locales, la policía u otros funcionarios estatales».
«Diez años después de la revolución es extremadamente perturbador ver a blogueros y activistas abocados a procesos de penales debido al uso de leyes que se remontan a la época de la dictadura en Túnez», en particular la que regula la libertad de prensa, afirma la nota, punto de partida de una campaña para luchar contra estas prácticas.
«En lugar de tratar de silenciar las críticas, las autoridades deberían defender el derecho de todas y cada una de las personas a expresarse de forma libre y segura sin temor a represalias ”, agrega el documento, firmado por Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte.
AI insiste en que estos enjuiciamientos «amenazan el progreso de derechos humanos logrado hasta ahora en Túnez, donde el derecho a la libertad de expresión es un valor de la revolución que se ganó con esfuerzo.
E insta a «las autoridades legislativas a que den prioridad a la reforma de todas las leyes en gran medida obsoletas y demasiado amplias que permiten la represión para evitar así que se reincida (en su uso) y se cumpla plenamente con las obligaciones de Túnez de defender el derecho a la libertad de expresión».
«Si bien la mayoría de estos casos no dieron lugar a una sentencia de prisión, la citación para el interrogatorio, las acusaciones y los juicios en sí por cargos que conllevan penas de prisión equivalen a acoso e intimidación de las personas que expresan opiniones críticas sobre un funcionario público y tendrán un escalofrío efecto», subraya Guellali.
Por ello, pide a las autoridades tunecinas «proteger la libertad de expresión en Túnez retirando todos los cargos contra las personas investigadas o procesadas por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, ordenando el cese de todos los enjuiciamientos penales por delitos de expresión e instruyendo a los funcionarios estatales dejar de iniciar o amenazar con tales enjuiciamientos».
Según organizaciones de la sociedad civil tunecina, en los dos últimos años las presiones tanto del ministerio de Interior como de los sindicatos vinculados a las fuerzas de seguridad y de diversas autoridades locales sobre las personas que denuncian abusos a la conducta policial o campañas que exigen rendición de cuentas han experimentado un gran crecimiento.
AI recuerda que el 18 de octubre de 2019, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que anunciaba que «emprendería acciones legales contra quienes ofendan, cuestionen o atribuyan intencionalmente acusaciones falsas a sus departamentos».
Solo en octubre de 2020, al menos cinco activistas fueron convocados para una investigación por criticar a las fuerzas de seguridad y proponer que se desestimara un proyecto de ley que facilitaba la impunidad policial. EFE