SANTIAGO DE CHILE.- Jovino Novoa, fundador y líder histórico de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, fue condenado hoy a tres años de presidio y a una multa de 7’600,000 pesos (unos 11,000 dólares) por delitos tributarios, que corresponde al 50 % de los impuestos defraudados.
Sin embargo, según fuentes judiciales, el también exsenador podrá cumplir la pena en libertad.
Ello, porque el juez del VIII Juzgado de Garantía de Santiago Juan Carlos Valdés tomó en consideración su aceptación de un juicio abreviado, que de por sí es un atenuante, junto a su irreprochable conducta anterior y a que Novoa restituyó parte del perjuicio fiscal causado.
Sin embargo, le prohibió ejercer cargos públicos, aunque autorizó que Novoa, que además ocupo un alto cargo en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pague la multa y demás sanciones pecuniarias en diez cuotas mensuales iguales y sucesivas.
Los delitos que se le imputaron a Novoa, y de los que admitió su culpabilidad, son la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas por 33.611.000 pesos chilenos (unos 48.000 dólares) y la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, a través de su empresa Inversiones y Mandatos, por 42.241.000 pesos (unos 60.000 dólares).
Al finalizar la audiencia, Novoa abandonó el Centro de Justicia en medio del caos por la expectación periodística que buscó alguna reacción del líder de la UDI.
Los periodistas acusaron golpes de parte de los acompañantes de Novoa, situación que se dio hasta que el condenado subió a su vehículo.
Asimismo, a la salida un grupo de estudiantes liderados por la Unión Nacional de Estudiantes de Chile (UNE), un movimiento ultraizquierdista le gritaron «ladrón, corrupto» y le recordaron sus vínculos con la dictadura de Pinochet.
La polémica por la financiación a las campañas políticas, que en Chile permiten aportes reservados de empresas privadas, surgió a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía a los principales socios del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por fraude al fisco.
El caso del grupo Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares, ha salpicado a políticos de derecha y oficialistas y también a empresarios.
En esa línea, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a los dueños de Penta como autores de delitos tributarios por la emisión indebida de boletas de honorarios y facturas falsas con el fin de disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2,000 millones de pesos chilenos (unos 2.8 millones de dólares).
En el caso están imputados además los dueños y altos ejecutivos de Penta y varios políticos de derechas, entre ellos algunos parlamentarios en ejercicio y Pablo Wagner, que fue subsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).E