El Gobierno declaró el estado de emergencia en 42 distritos de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias por 45 días con el fin de ejecutar medidas y acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación frente a los desastres naturales.
En Lima Metropolitana hay 15 distritos bajo esta condición, en Lima Provincias 24 y en la provincia constitucional del Callao tres, de acuerdo con el Decreto Supremo 027-2017-PCM, publicado hoy sábado en El Peruano.
La lista en Lima Metropolitana comprende a San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, Rímac, Cercado de Lima, Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos, Comas, San Martín de Porres, Lurín, Pachacámac, Cieneguilla, Punta Hermosa y Pucusana. En el Callao Carmen de La Legua Reynoso, Ventanilla y Callao.
En Lima Provincias se encuentran en emergencia los distritos de Barranca, Supe y Supe Puerto (en la provincia de Barranca); Asia, Calango, Chilca, Imperial, Nuevo Imperial y San Luis (Cañete); Atavillos Bajo (Huaral); Matucana, Carampoma, Lahuaytambo, San Pedro de Huancayre, Santiago de Tuna y Surco (Huarochirí).
De la misma manera, Huacho, Hualmay y Vegueta (Huaura); Oyón; y Carania, Huampara, San Joaquín y San Pedro de Pilas (Yauyos).
El Decreto de Urgencia establece que los gobiernos regionales de Lima y del Callao, la Municipalidad de Lima, así como los gobiernos locales involucrados, según corresponda, ejecutarán las medidas destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Estas medidas deberán tener relación directa con el evento ocurrido y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
Estas labores contarán también con la participación de los ministerios de Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Educación, Salud, Producción, Defensa, Interior, Trabajo y Promoción del Empleo, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Energía y Minas, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.
La implementación de las acciones previstas en el Decreto Supremo se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.
Foto Andina