CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió este miércoles la puerta a llevar a cabo una consulta informal o una encuesta para enjuiciar por corrupción a los exopresidentes si el Congreso no modifica la Constitución.
«Si no se resuelve pronto, y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo (la consulta) de manera espontánea con la participación de los ciudadanos», aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.
El Congreso mexicano está estudiando la reforma de la Constitución para facilitar la convocatoria de referendos, pero el líder izquierdista dijo que si no se concreta pondrá «mesas» en la calle o hará una «encuesta» a la ciudadanía.
López Obrador había anunciado que en marzo se llevaría a cabo una consulta para enjuiciar a sus predecesores por corrupción, pero esta no se pudo llevar a cabo porque no se reformó a tiempo la Constitución.
En tono conciliador, López Obrador recordó que su postura en esa consulta es por apostar porque «haya un punto final con los expresidentes» y no perseguirlos.
Sobre la seguridad de los expresidentes, el líder del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió comprensión.
«Se redujo el número de elementos para la protección del presidente (Vicente) Fox», aseguró.
Los escoltas que acompañaban al expresidente, que gobernó por el Partido Acción Nacional (PAN) entre 2000 y 2006, se redujeron de 8 a 5.
En el caso de Felipe Calderón (2006-2012), el número también se redujo hasta 12 elementos, una cifra baja en comparación con el ingente número de escoltas que solían acompañarlo.
«Era impresionante lo de antes», aseguró López Obrador, aludiendo a que cuando los presidentes se desplazaban «ambulancias, motos, cerraban las calles».
«Eso ya no es así», dijo el presidente, una señal de que «las cosas están cambiando».
En cuanto a otros expresidentes, señaló que ni Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), ni Ernesto Zedillo (1994-2000), ni Enrique Peña Nieto (2012-2018) tienen seguridad pagada por el Estado.
El gobierno de México informó este miércoles que ha cerrado un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (UNOPS) para obtener asesoría en el proceso de venta de 72 de las 263 aeronaves gubernamentales, incluido el avión presidencial, por el que han recibido 14 ofertas de compradores.
López Obrador aseguró que todos «los funcionarios» del gobierno federal deben trasladarse en aviones comerciales cuando las distancias son largas y en vehículo para recorrer distancias cortas.
«Antes viajaban en avión y helicóptero y ni siquiera se enteraban del estado de las carreteras», dijo el presidente, quien reprochó que los anteriores mandatarios se desplazaban en lujosos aviones a «zonas remotas» donde prometían «combatir la pobreza».
Especialmente crítico fue con el avión presidencial, un Boeing 787-8 con un costo de unos 218,7 millones de dólares, que fue bautizado con el nombre del líder independentista mexicano José María Morelos y Pavón.
«Imagínense a Morelos, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia, que luchó por la igualdad, que hablaba de que el que está al servicio del pueblo es siervo de la nación», señaló López Obrador.
Esta aeronave fue adquirida en 2012 por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), aunque no llegó a México hasta febrero de 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Al asumir la Presidencia, López Obrador devolvió el avión al hangar de Boeing en el aeropuerto de Victorville, en el condado de San Bernardino, California (Estados Unidos), como gesto de austeridad.
«Con 60 millones de pobres, el presidente arriba de un avión de lujo. ¿Qué ejemplo da? ¿Dónde está la austeridad republicana?», cuestionó el mandatario.
EFE/Foto: frontera.info