Los congresistas que rechazaron el cierre del Real Plaza Trujillo

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El 27 de diciembre del 2023 la Municipalidad Provincial de Trujillo cerró el centro comercial Real Plaza porque no ofrecía las condiciones de seguridad para los usuarios. Ante esto varios congresistas salieron en defensa de esta decisión asegurando que era arbitraria e ilegal.

A más de un año, el techo del patio de comidas del establecimiento colapsó y provocó la muerte de ocho personas, más de 80 heridos y otros nueve en estado muy grave.

Cabe indicar que también se produjo un atentado en el patio de comidas hace algunos meses, lo que reforzó el cierre. En ese año Arturo Fernández era el alcalde y meses después fue vacado.

 

 

Ante esa decisión, Diego Bazán fue uno de los que reclamó por el centro comercial. A través de su cuenta de X, indicó que el “cierre temporal del Mall Plaza es abusivo e ilegal, ya que no existe relación de causalidad entre el homicidio y la seguridad del local”. Ahora sostiene que esta tragedia demuestra “la incapacidad de las autoridades de poder hacer inspecciones reales, y además en instituciones de Defensa Civil y Municipales, lamentablemente, infestadas por la corrupción”.

Similar posición la tuvo Alejandro Cavero, quien criticaba a Fernández por su posición contra el centro comercial. Lo llamaba “populista”, ya que el exalcalde no solo quería cerrar, sino también demoler el mall.

 

 

Este Congreso aprobó una ley que prohíbe el cierre arbitrario de centros comerciales y locales sin una causal que tenga que ver directamente con la vida o la salud de las personas, y para evitar que alcaldes populistas y demagogos como el de Trujillo hagan este tipo de cosas. La ley está para cumplirse”, escribió Cavero en ese momento. Ahora el parlamentario asegura que están politizando la tragedia y que lo que buscan es promover el odio y la división.

A los dos mencionados se suma la legisladora Adriana Tudela quien dos años antes presentó un proyecto de ley 9788 que buscaba que certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones tengan una vigencia indeterminada. Ante las críticas, la congresista respondió indicando que buscan aprovechar políticamente la tragedia.

 

 

“Mi propuesta busca inspecciones de seguridad constantes, exhaustivas y sorpresivas. Si la inspección se da cada dos años y es programada, se pueden hacer arreglos superficiales para aprobarla, lo que no es una medida de seguridad real”, escribió. Una iniciativa similar también partió de María del Carmen Alva, quien proponía que las revisiones a los centros comerciales se realicen cada 10 años, pero afortunadamente no consiguió los votos y pasó al archivo.

Esta propuesta fue rechazada en ese entonces por el Colegio de Ingenieros del Perú, que alertó que la propuesta representaba un peligro.

Los legisladores mencionados aseguran que al sacar esta información y detallar sus anteriores decisiones solo provoca que se politice la tragedia. Rechazan ser los culpables y continúan defendiendo sus cuestionadas normas.

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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