Los cultivos de hoja de coca, materia prima para la fabricación de la cocaína, experimentaron en Perú el crecimiento anual más grande de su historia con 7.122 nuevas hectáreas, hasta alcanzar una superficie cocalera total de 61.777 hectáreas, lo que roza el pico máximo registrado hace diez años.
Según los datos del informe anual de cultivos hoja de coca de 2020, anticipados este domingo por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la superficie cocalera de Perú creció un 13,03 % respecto a 2019, cuando registraba 54.655 hectáreas.
En total son 7.122 hectáreas nuevas de cocales, la cantidad más grande jamás registrada en un solo año, lo que dispara el espacio cocalero hasta el segundo valor más alto de su historia, muy cerca de su pico máximo histórico alcanzado en 2011, cuando se contabilizaron 62.500 hectáreas.
Desde 2015, cuando Perú registró la menor superficie cocalera de la última década al presentar unas 40.300 hectáreas, los cultivos de este arbusto se han incrementado en un 53 %, en una expansión constante cuyo promedio anual es del 10,6 %.
Esto supone que prácticamente una de cada cuatro hectáreas de hoja de coca cultivadas en la región andina se encuentran en Perú, que se consolida como el segundo productor mundial de cocaína por detrás de Colombia, cuya superficie cocalera es de 143.000 hectáreas, y por delante de Bolivia, con 29.400 hectáreas.
Aproximadamente, el 85 % del espacio cocalero de Perú va destinado al narcotráfico para la fabricación de cocaína en sus diferentes formas, pues hay unas 9.000 hectáreas que se destinan al consumo tradicional de hoja de coca, como es el mascado, y para la elaboración de productos legales como mates, caramelos y harinas.
ERRADICACIÓN BAJO MÍNIMOS
El histórico incremento de la superficie cocalera de Perú se produjo en coincidencia con los confinamientos decretados por la pandemia del covid-19, que redujeron ostensiblemente los operativos de erradicación de cultivos ilícitos.
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En 2020, apenas fueron erradicadas unas 6.200 hectáreas, lejos de los récords de erradicación alcanzados en años anteriores, cuando se superaban las 25.000 hectáreas anuales, mientras que desde el inicio de 2021 solo se han erradicado 1.150 hectáreas.
A cambio, las incautaciones de cocaína registrarán este 2021 su récord histórico, ya que desde el inicio del año se han decomisado casi 62 toneladas, lo que supera los registros de 2020.
Ante este escenario, el Gobierno de izquierdas del presidente Pedro Castillo se muestra contrario a los operativos de erradicación de cultivos, y tanto él como su ministro del Interior, Luis Barrenzuela, participaron en la reciente convención nacional de cocaleros, donde se demandó la legalización de los cultivos.
El avance del informe anual sobre cultivos no ofrece estimaciones de producción de cocaína, cuya proyección oficial era de no menos de 400 toneladas métricas al año cuando la superficie cocalera rondaba las 50.000 hectáreas.
Esta cocaína es exportada principalmente hacia Estados Unidos, Europa y Brasil por vía marítima, a través de contenedores de buques mercantes que zarpan de los puertos del Callao y Paita; y por vía aérea, con «narcoavionetas» que aterrizan en pistas clandestinas construidas en mitad de la selva amazónica.
EL VRAEM, PRINCIPAL FOCO EN PERÚ
Cerca de la mitad (45 %) de los cultivos de hoja de coca se concentran en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde hay casi 28.000 hectáreas.
En esta extensa zona de selva agreste y montañosa en la vertiente oriental de los Andes, los «narcos» operan resguardados por el último remanente de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, que se financia con el dinero de la droga.
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Al VRAEM le sigue con 7.705 hectáreas de cocales la zona de Inambari y Tambopata, en la frontera con Brasil y Bolivia, donde esta semana los agricultores de hoja de coca han bloqueado la carretera interoceánica para protestar contra la erradicación de cultivos en la provincia de Carabaya, de la región de Puno.
El informe de Devida también advirtió que hay 260 hectáreas de hoja de coca dentro de áreas naturales protegidas y 9.150 hectáreas en las zonas de amortiguamiento que rodean a estas reservas naturales, lo que representa el 15 % de la superficie cocalera nacional.
Asimismo, hay 5.902 hectáreas en territorios de comunidades indígenas, lo que supone un aumento del 19 % respecto a 2019 e implica una grave amenaza para los nativos, que se ven obligados a ser desplazados de sus tierras ante las amenazas de las redes criminales, quienes invaden las comunidades para plantar hoja de coca.
El estudio de Devida se hizo con base en imágenes por satélite con la asesoría técnica y metodológica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el apoyo de la Unión Europea (UE).
EFE- Fernando Gimeno