SAO PAULO.- El magistrado José Antonio Neyra Flores, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Perú, aseguró en una entrevista con Efe en Sao Paulo que toda Latinoamérica tiene «problemas» de corrupción en el Poder Judicial.
El magistrado abordó la problemática al referirse a la existencia en su país de una trama corrupta de jueces y fiscales de alto rango descubierta el año pasado, conocidos como «Los Cuellos Blancos del Puerto» y quienes supuestamente traficaban con favores y prebendas.
«En toda Latinoamérica y Centroamérica hay problemas en el Poder Judicial… Si usted consulta en internet seguramente va a encontrar eso», comentó el jurista.
La corruptela judicial en Perú fue descubierta a partir de una investigación contra su supuesto líder, el magistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, quien finalmente huyó a España, en donde espera una decisión sobre su posible extradición.
«Cada juez es responsable de sus comportamientos», afirmó Neyra al ser interrogado sobre su colega, al que se acusa de delitos como los de acordar tratos irregulares con narcotraficantes.
Para extinguir estos y otros casos de corrupción de la carrera judicial en Perú, Neyra defendió la reforma de la judicatura en marcha en su país y que pasa por la creación de una Junta Nacional de Justicia.
Este órgano, cuya creación ya ha sido autorizada por el Congreso, sustituirá al desmantelado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), algunos de cuyos siete miembros fueron protagonistas de un gran escándalo de corrupción que marcó la agenda política de Perú durante toda la segunda mitad del 2018.
La Junta Nacional de Justicia, según explicó el juez, estará compuesta por siete titulares y otros tantos suplentes, y una comisión ya analiza la posibilidad de que este sea el único órgano con poder para investigar jueces y fiscales por delitos de corrupción y, llegado el caso, destituirlos.
El magistrado se abstuvo de hacer comentarios sobre los trabajos de la rama peruana de la operación anticorrupción Lava Jato, que se originó en Brasil en 2014 y destapó corruptelas que terminaron salpicando a políticos en más de una docena de países, entre ellos Perú.
Según el juez, los hechos investigados en el marco de esta operación se encuentran aún en la incipiente fase de «investigación preparatoria» en la Justicia peruana, por lo que están lejos de ser de su competencia o conocimiento en la Corte Suprema.
También evitó hablar sobre el terremoto político originado por esta operación en Perú, en donde se investiga a varios expresidentes.
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Uno de ellos es Alejandro Toledo (2001-2006), detenido el martes en California (Estados Unidos), y otro Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de un disparo en la cabeza cuando iba a ser arrestado.
«Para empezar, los jueces no somos políticos» respondió Neyra como negativa a ofrecer más comentarios sobre la implicación de estas figuras públicas.
«Lo que los fiscales y jueces hacen en Perú es ceñido estrictamente a lo que dice la Constitución política del Estado, los códigos penales y procesales penales», añadió.
En la misma línea, el jurista se negó a hablar sobre la divulgación de conversaciones del exjuez brasileño y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, que supuestamente muestran cómo el entonces encargado de la operación Lava Jato orientó irregularmente a los fiscales en el proceso que terminó con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel.
EFE