La decisión del Gobierno de remover al alto mando de la Policía Nacional, a raíz de la violencia desatada en las movilizaciones, ha provocado una seguidilla de renuncias de varios directores en rechazo a los cambios y a las investigaciones iniciadas por la muerte de dos manifestantes.
Diez días después de la marcha de protesta que dejó a dos jóvenes muertos por perdigones y un centenar de heridos, el presidente peruano, Francisco Sagasti, anunció la designación del general César Cervantes, como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero su nombramiento significó la salida de otros 18 oficiales de mayor rango.
Cervantes reemplaza al general Orlando Velasco, que afrontará, al igual que otras exautoridades incluido el renunciante expresidente Manuel Merino, los cargos por homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad investigados por la Fiscalía.
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A la par, Sagasti creó una comisión, encabezada por el ministro del Interior, Rubén Vargas, e integrada por la sociedad civil, para modernizar a la Policía Nacional en la defensa de los derechos ciudadanos y para fortalecer el orden interno.
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Sagasti tampoco olvidó las denuncias por corrupción contra el comando policial por las deficiencias en la atención de los policías víctimas de la Covid-19 y dispuso que la institución tenga gerentes públicos para la administración de sus recursos, con la supervisión de la Contraloría de la República.
RECHAZO A CAMBIOS EN COMANDANCIA
Las primeras renuncias en señal de protesta fueron presentadas por el saliente comandante general Orlando Velasco, el subcomandante Jorge Lam, y el inspector general de la Policía, Herly Rojas.
Mientras los jefes policiales manifestaban su desazón por las medidas del Ejecutivo, en las redes sociales se comenzaron a compartir llamados a una huelga policial en rechazo a los cambios.
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A esas dimisiones le siguieron la renuncia del nuevo subcomandante de la institución, general Edgardo Garrido López, quien adujo motivos «estrictamente personales» para solicitar su pase al retiro al flamante jefe policial.
Asimismo, presentaron sus dimisiones el director de la Oficina General de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior, general en retiro Manuel Alberto Pacheco, y el director de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, general en retiro César Guardia.
Ambos oficiales señalaron su desacuerdo con el relevo del alto mando policial porque sus reglamentos establecen que el comandante general se elige entre los tenientes generales más antiguos o entre los generales de mayor antigüedad.
DEFIENDEN LA MERITOCRACIA
Además, se quejaron de que el gobierno, y específicamente el ministro del Interior, ha actuado en contra de «la meritocracia, institucionalidad y moral de nuestra Policía Nacional del Perú».
De igual forma, han presentado sus renuncias el director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Julio César Vela, y el director general de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, Óscar Gonzáles Rabanal.
En su carta de renuncia, el general en retiro Gonzáles Rabanal dijo que su dimisión responde a «los sucesos que se han desarrollado en las dos últimas semanas los cuales vienen afectando la imagen e institucionalidad de la Policía Nacional».
GOBIERNO CRITICA LA ZOZOBRA
El jefe de Estado declaró el pasado domingo que entiende «la insatisfacción de aquellos oficiales que han sido retirados», pero criticó que estén haciendo llamados a una huelga policial porque esto ahonda los reclamos de la ciudadanía contra la institución.
Señaló que algunos de los oficiales retirados tienen denuncias por presunta corrupción o están implicados en la violenta represión de la marcha del pasado 14 de noviembre, convocada por jóvenes en rechazo al efímero gobierno de Merino.
Sagasti ha pedido a los policías en desacuerdo con los cambios «que acepten la situación, pero de ninguna forma traten de crear una situación de zozobra».
Ocho organismos de derechos humanos han denunciado a los exjefes de la Policía Nacional, además de los representantes del Ejecutivo, por la muerte de Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Bryan Pintado, de 22 años, además de las lesiones sufridas por un centenar de personas, entre ellos periodistas, por el impacto de bombas lacrimógenas y perdigones.
EFE