La legisladora de la bancada Nuevo Perú, Marisa Glave, afirmó que «hoy se ha roto el equilibrio de poderes, se ha pretendido avanzar a una denuncia constitucional sin fundamento», contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Glave agregó que «necesitamos que esta prepotencia del fujimorismo sea frenada, si no lo podemos hacer en el Congreso, habrá que hacerlo en las calles».
El legislador oficialista Juan Sheput calificó a la jornada como «día lamentable para la institucionalidad del país» y aclaró que el resto de fuerzas políticas en el Parlamento se opuso.
El cogresista fujimorista Salaverry negó, tras presentar la denuncia, que su pedido esté vinculado con la decisión del Ministerio Público de investigar a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, el estadounidense Mark Vito, en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Fujimori y Vito son investigados por las denuncias sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Keiko, así como por una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje «Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita» (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita).
«Esto no tiene nada que ver con otros temas que están en proceso», aseguro el congresista.
No obstante, días después se conoció que el empresario Marcelo Odebrecht confirmó a fiscales peruanos, en un interrogatorio en Brasil, que Fujimori recibió 500.000 dólares en su campaña electoral, tal como la empresa solía hacer con los favoritos en los comicios presidenciales.
Tras conocer la denuncia, el fiscal de la Nación aseguró que no se amilana y que peleará contra la corrupción en el país.
«Después de más de 30 años con servicio a la Fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso», dijo Sánchez en una ceremonia de la Fiscalía de la Nación.
Transparencia respalda a Pablo Sánchez frente a denuncia fujimorista
En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.
EFE/Foto: rpp.pe
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