Sobre Martín Belaunde Lossio pesan seis delitos. El Poder Judicial lo procesa por el Caso «la centralita» por peculado y asociación ilícita para delinquir, en tanto el Ministerio Público lo investiga por Antalsis.
En este último caso se le atribuye lavado de activos, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y colusión.
Bolivia autorizó los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir antes de extraditar a Martín Belaunde Lossio, quien ya está a disposición de las autoridades peruanas.
Por este caso, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatorio Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal Nacional dispuso 18 meses de detención preventiva para Martín Belaunde Lossio.
A Martín Belaunde Lossio se le procesa por haber recibido recurso públicos del Gobierno Regional de Áncash para el funcionamiento de «la centralita», desde la cual se organizaban campañas en contra de los opositores al exgobernador regional, César Álvarez, y se habría pagado a periodistas que trabajaban en su favor.
Martín Belaunde Lossio era propietario de Ilios Producciones, que recibió, de acuerdo con las investigaciones, recursos del Proyecto Especial Chinecas, de acuerdo con Andina. Se lo procesa por este caso junto con César Álvárez, y otros integrantes de la red de corrupción que encabezó la Región Áncash.
Por este caso, asimismo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dispuso un segundo pedido de extradición contra Martín Belaunde Lossio por lavado de activos. se le implica en lavado de recursos de la red de César Álvarez mediante «la centralita».
Se consigna también en este tema la presunta participación de Martín Belaunde Lossio en transferencias de bienes destinados a realizar proselitismo en favor de la gestión de César Álvarez en Áncash.
El Ministerio Público abrió en diciembre pasado una investigación preliminar a Martín Belaunde Lossio por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y colusión.
Estos ilícitos presuntamente se consumieron mediante la participación de Martín Belaunde Lossio en tratativas y negociaciones con los gobiernos regionales de Cusco y Madre de Dios, en favor de la empresa española Antalsis.
Foto Andina.