La fiscal superior penal nacional, Luz Ibáñez Carranza, anunció que presentará un recurso de nulidad contra varios aspectos de la sentencia dictada a los militares que en 1983 cometieron diversos crímenes en agravio de 53 personas en el cuartel militar de Los Cabitos.
La representante del Ministerio Público señaló que en el fallo judicial, emitido en horas de la madrugada, se excluyó el delito de secuestro agravado, homologándose por el delito de abuso de autoridad.
Asimismo, expresó su desacuerdo por la reserva de la condena de dos de los procesados y la absolución de otro.
La sentencia del Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional condenó por mayoría a los militares en retiro Humberto Bari Orbegozo Talavera (75) y Pedro Edgar Paz Avendaño (79) a 30 y 23 años de pena privativa de la libertad efectiva, respectivamente.
Ambos fueron encontrados responsables de los delitos de asesinato, abuso de autoridad agravada y detenciones arbitrarias, cometidos en 1983 en el Cuartel Domingo Ayarza -conocido como Los Cabitos-, en Huamanga (Ayacucho).
Luz Ibáñez solicitó a la sala notificar de inmediato a las autoridades aeroportuarias la orden de captura contra Orbegozo Talavera, a fin de evitar su fuga del país por contar con nacionalidad estadounidense.
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Mientras tanto la procuraduría adelantó que también presentará nulidad, al haberse incluido al Estado como tercero civilmente responsable.
Los abogados de los dos condenados también anunciaron que apelarán la sentencia y adelantaron que alcanzarán recursos de nulidad en el plazo establecido por ley.
Durante la lectura de sentencia, quedó establecido que, como producto de las investigaciones, está probado que en la zona conocida como La Hoyada hubo un horno para la cremación de restos humanos de los desaparecidos.
Asimismo, está probado que quienes fueron detenidos en el cuartel militar Los Cabitos sufrieron un trato cruel, quedaron incomunicados y fueron negados a sus familiares.
El tribunal presidido por Ricardo Brousset Salas, dispuso como pena accesoria la inhabilitación de los dos sentenciados para ejercer cargo o función pública por un plazo similar a la condena, e incluyó al Estado (Ejército Peruano) como tercero civilmente responsable.
También dispuso la inmediata detención de ambos, quienes no estuvieron presentes en la audiencia pública que concluyó pasada las 03:00 horas para su internamiento en el centro de reclusión que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).(ECHA)