El viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señaló que el sistema pensionario peruano requiere mejorar su eficiencia, cobertura y sostenibilidad.
El funcionario informó que del 2020 al 2075 se tendrá una población con mayor expectativa de vida y concentrada en grupos mayores de 65 años (de edad).
Entonces lo que se haga ahora tendrá impacto importante en el largo plazo en lo que respeta a condiciones de vida y a los temas fiscales, sostuvo esta semana en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de República.
En los últimos 13 años, se debilitó el Sistema Privado de Pensiones (SPP) con la exoneración del aporte previsional a las gratificaciones (2009), el retiro del 95.5% de los fondos de pensiones al momento de la jubilación (2016), y los retiros de los fondos pensionarios en el marco de la pandemia (2020 y 2021), manifestó.
Las decisiones que se adoptan durante la etapa activa del trabajador, impactan en la forma en que reemplazarán sus ingresos en la etapa jubilatoria, refirió.
Sistema pensionario
El sistema pensionario peruano es uno no integrado y con diversos actores, en el que compiten la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), indicó.
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Existe una baja cobertura (en el sistema previsional peruano), pues el 28% de la Población Económicamente Activa (PEA) aporta, el 45% de mayores de 65 años recibe una pensión y los trabajadores no dependientes no aportan, mencionó.
Además, las pensiones serán insuficientes (a futuro), previó. “Con una tasa de reemplazo de 50% y se proyecta pueda reducirse a 20%”, dijo.
También indicó que no existe una garantía de pensión mínima en el SPP y una carencia de cultura previsional, considerando que el 84% de los afiliados (del SPP) que acceden a la jubilación retira el 95.5% de sus fondos.
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Desafíos y reforma previsional
Entre los principales retos para el sistema pensionario peruano están ampliar la cobertura: 100% con cuenta previsional y 100% en pobreza con pensión no contributiva; mejorar la suficiencia: 100% que cumplen requisitos, reciben pensión mínima, y tasa de reemplazo sostenible; y lograr sostenibilidad: equilibrio entre ingresos y pensiones, consideró.
Los requisitos mínimos para la reforma de pensiones están la revisión integral del mercado laboral, toda vez que los sistemas previsionales tienen su base en él; y la existencia de espacio fiscal a fin de evitar endeudamiento innecesario y no restar recursos a otros objetivos de política pública, manifestó.
También el consenso general para obtener el compromiso a largo plazo de todos los involucrados; la evaluación técnica del impacto en los nuevos y actuales afiliados, y los impactos legales; y la sostenibilidad de la propuesta: evaluar el mediano y largo plazo, indicó.
No considerar estos requisitos indispensables resta legitimidad a la reforma y pone en riesgo la implementación de la misma, enfatizó.
Entre las características de la reforma pensionaria, se plantea una transformación total del sistema previsional, integrando la ONP, el SPP, Pensión 65 y otros, logrando una alta cobertura de dependientes e independientes, una alta densidad de cotización, un sistema sostenible y menores costos, refirió.
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En ese contexto, consideró que el sistema previsional peruano requiere mejorar su eficiencia, su cobertura y sostenibilidad.
Además, los problemas se agravan por la coyuntura económica, el contexto demográfico y la alta informalidad laboral, refirió.
Se requiere entonces, un sistema (pensionario) integrado y equitativo, que incentive la participación durante la etapa activa, contemplando que su financiamiento debe respaldarse con recursos que lo haga sostenible en el largo plazo, comentó.
La reforma previsional en el país requiere de la generación de consenso, verificación de espacio fiscal, estudio de los diversos impactos, y sobre todo, de la evaluación conjunta con el mercado laboral, refirió.
Pre dictamen de proyectos
En otro momento, sostuvo que no se encuentran de acuerdo con la propuesta (del Congreso), pues se desnaturaliza el concepto del Impuesto General a las Ventas (IGV) y es anticonstitucional, toda vez que no se puede crear ni destinar recursos obtenidos por este tributo para fines previsionales.
Esta propuesta generaría un costo de 9,000 millones de soles y este sistema suerte de crédito fiscal generaría más beneficios a personas de más ingresos, quienes tiene más capacidad de gasto, señaló.
Así no se está de acuerdo con el pre dictamen, puntualizó en la comisión congresal antes mencionada en la que se trató el pre dictamen sobre los proyectos de ley 118/2021-CR y 1079/2021-CR, que propone la creación de un sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto.
ANDINA