La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que la Ley de Seguridad Interior, que perpetua el papel policial del Ejército, proyecto del Gobierno saliente, es inconstitucional porque choca con la norma fundamental del Estado y también por la forma que la aprobó el Congreso.
La norma fue aprobada a toda velocidad por el Congreso, entonces en manos del PRI, partido del saliente presidente, Enrique Peña Nieto.
Son dos los puntos principales de la ley ahora denostados por los ministros de la corte. Primero, que la norma volvía permanente y por tanto normal la presencia del Ejército en las calles, fungiendo de policías.
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Segundo, que era ambigua en el uso de la fuerza. El contenido del texto dejaba demasiado abierto a la interpretación el empleo justo y proporcionado de la fuerza.
La decisión de la corte se produce horas después de que López Obrador presentara la estrategia de seguridad de su Gobierno.
El miércoles, el futuro presidente anunció una serie de medidas a implementar a partir del 1 de diciembre. Destaca la creación de la Guardia Nacional, una fuerza militar que absorberá a la Policía Federal y que dependerá orgánicamente de la Secretaría de la Defensa.
Para ello, el Congreso, en manos de Morena desde septiembre, impulsará una reforma de la Constitución que permitiría a un cuerpo castrense liderar «la prevención del delito y la preservación de la seguridad pública».
La creación de la Guardia Nacional superaría así en ambición a la reforma que pretendía el Gobierno de Peña Nieto. La propuesta del nuevo presidente trasciende al cambio legislativo, apostando por modificar la Constitución, dejándole a las Fuerzas Armadas el control operativo sobre tareas policiales.
Desde ayer, organizaciones civiles y expertos en políticas de seguridad han mostrado su preocupación por el anuncio de López Obrador, que apela al respeto a los derechos humanos en defensa del nuevo cuerpo. (ECHA- Agencias)