Las empresas de la Unión Europea que importan estaño, tantalio, wolframio y oro para la fabricación de bienes de consumo deberán contar con un certificado comunitario que garantice que no incentivan conflictos y abusos de derechos humanos en zonas de conflicto.
Los eurodiputados y la Comisión de Comercio Internacional demandan el cumplimiento obligatorio para “todos los importadores de la Unión Europea” que se abastecen en zonas de conflicto.
Las compañías que están al final de la cadena de suministro, es decir, las 880.000 empresas de la Unión Europea que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de bienes de consumo tendrán que informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos minerales y metales.
Petición de certificación obligatoria
Dado que las fundiciones y refinerías son el último punto de la cadena de suministro en el que se puede rastrear el origen de los minerales, los eurodiputados van más allá del sistema de autocertificación propuesto por la Comisión y piden que se sometan a auditorías obligatorias, por parte de terceros independientes, para verificar sus prácticas de “diligencia debida”.
También piden a la Comisión que dé apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas para obtener la certificación, mediante el programa europeo para la competitividad de las pymes (COSME, en inglés).
El Parlamento también reclama un mecanismo de control del sistema más estricto, con una revisión de su funcionamiento dos años después de empezar a aplicarlo y posteriormente cada tres años (en lugar de a los tres años y cada seis, respectivamente, como proponía la Comisión).