Perú tiene mineros ilegales en trece de sus veinticinco regiones tras extender su actividad en los últimos años, lo que ocasiona graves problemas sociales, ambientales y económicos, alertó este viernes la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, indicó que la extracción ilegal de minerales, especialmente de oro, se hace de norte a sur del país, en las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Madre de Dios.
Por ello De la Flor destacó el gran operativo realizado este martes en La Pampa, el mayor campamento de mineros ilegales del país, ubicado en selva amazónica de Madre de Dios, región fronteriza con Bolivia y Brasil, un espacio que concentra además otras actividades delictivas como explotación laboral y sexual.
En La Pampa, los mineros ilegales han arrasado con unas 10.000 hectáreas de selva amazónica (1.685 entre 2017 y 2018) deforestadas para buscar oro de manera ilícita en el subsuelo y en el lecho de los ríos, donde vierten productos químicos y metales pesados que contaminan esas aguas.
La actividad minera ilegal se encuentra ya dentro de concesiones de reforestación y de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, espacio adyacente al área protegida que sirve de transición entre la reserva y su entorno, y en la que también está prohibida la minería.
«El Estado tiene el desafío de controlar esta ilícita actividad no solo porque quebranta la ley sino con el fin de proteger la biodiversidad, el ambiente y la salud de los peruanos», aseveró De la Flor.
El empresario apuntó que la extracción ilegal de minerales alienta «la esclavitud de miles de personas» entre hombres, mujeres y niños que han sido «captados por esta organización que burla las leyes laborales, la seguridad social y menos aún paga impuestos».
Asimismo, denunció que esta actividad ilegal también esconde otros delitos como «narcotráfico, lavado de activos y contrabando».
«Exhortamos a las autoridades y a la sociedad en su conjunto, a continuar rechazando las actividades ilegales tanto en la minería como en otros sectores productivos», concluyó De la Flor.
EFE