El Ministerio Público está aceleradamente perdiendo su independencia, autonomía e imparcialidad, sostuvo el exprocurador Antonio Maldonado, al cuestionar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya formalizado una investigación preparatoria contra la exmagistrada Zoraida Ávalos, tras la acusación constitucional aprobada por el Congreso.
“Esto nos da la evidencia de que el Ministerio Público, bajo la gestión del actual fiscal de la Nación está aceleradamente perdiendo su independencia, su autonomía, su imparcialidad, porque la decisión del Congreso de inhabilitar a la entonces fiscal suprema Ávalos y, además, señalar que se cometieron uno o dos delitos, simplemente no tiene base factual, no tiene un fundamento fáctico respecto de los delitos que se supone fueron cometidos, y, de otro lado, no hay ninguna infracción constitucional”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Todo lo contrario. En lo que se refiere a supuestas infracciones constitucionales, la señora Ávalos actuó en el marco de lo que le permitía la Constitución vigente, que en particular en el artículo 117 establecía una serie de excepciones para la persecución penal de un presidente de la República, norma en particular de la que el Congreso no se ocupa”, anotó.
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No hay infracción constitucional
Antonio Maldonado Paredes subrayó, en ese sentido, que Zoraida Ávalos Rivera no incurrió en ningún delito ni cometió una infracción constitucional en los pronunciamientos que emitió al basarse en la norma vigente referida a los casos en que un presidente solo puede ser acusado durante su mandato.
“Entonces, en realidad no hay infracciones constitucionales y tampoco hay la comisión de algún delito, porque el delito que se le imputa hasta donde recuerdo a la fiscal Ávalos es algo así como omisión de deberes, que es una norma genérica que no se refiere a la conducta de un fiscal, sino a cualquier conducta de cualquier funcionario público, pero que tiene como presupuesto su actuación ilegal”, indicó.
“Es decir, bajo ese presupuesto tendríamos que también procesar a la señora Gladys Echaíz y a todos los fiscales supremos anteriores que aún peor que la fiscal Ávalos no hicieron absolutamente nada en el procesamiento de expresidentes con quienes enfrentaban serios indicios de involucramiento de casos de corrupción, hablando ya solamente de la norma constitucional del 93 en adelante, para no decir de la conducta omisiva de varios fiscales de la Nación previamente respecto de casos gravísimos como el caso de El Frontón”, agregó.
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Congreso y Fiscalía
Finalmente, Maldonado Paredes comentó, en referencia al artículo 117 de la Carta Magna, que hay un problema normativo constitucional sobre el cual el Congreso ni el Ministerio Público han presentado iniciativas de reforma constitucional.
“Es decir, si el problema es, según el Congreso, el efecto de la interpretación y aplicación de una norma, ese es el verdadero origen del problema, no la respuesta de una fiscal suprema frente a esta norma que, por supuesto, es inconsistente respecto de lo que se sostiene en un Estado de derecho, en particular en función a la conducta de un presidente de la república”, manifestó.
“No se puede procesar a un presidente de la República, según esta norma, por casos de corrupción o de violaciones de derechos humanos. Entonces, ahí hay un problema normativo constitucional del cual el Congreso no se ocupa, pero tampoco el Ministerio Público se ha ocupado durante muchos años de esta norma, porque el Ministerio Público tiene la capacidad y la potestad de plantear observaciones y reformas a normas que lesionan en particular la actuación de la justicia o, digamos, la debida diligencia en el comportamiento de la administración de justicia”, aseveró.
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