Conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, concurrió al Parlamento para responder ante la representación nacional el pliego interpelatorio contenido por la Moción de Orden del Día 11395.
Pérez de Cuellar respondió 13 preguntas relacionadas al Decreto Legislativo 1620 aprobado por el Poder Ejecutivo por el cual se estaría privatizando el servicio de agua potable.
Al respecto, la titular del sector vivienda, construcción y saneamiento descartó cualquier plan de privatización de las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento (EPS). Por el contrario, manifestó que las concesiones son un mecanismo que contribuye al cierre de brechas.
La ministra expresó que esta norma se dio porque las EPS están quebradas financieramente o a punto de serlo.
“Lo que queremos es que se fortalezcan las empresas prestadoras, muchas de las cuales ya no tienen capacidad de recaudación, ni inversión y están operando al límite de sus capacidades. Por esta situación se perjudican los usuarios cuando se rompen las tuberías o por el colapso de redes de alcantarillado”, agregó.
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Sobre un posible incremento en los recibos del servicio de agua potable, aclaró que el cofinanciamiento estatal permite que los costos no se trasladen a los usuarios, es decir, el Estado interviene para que los costos en que se incurran no impliquen un aumento en las tarifas.
Pérez de Cuellar fue tajante en responder que solo con la inversión pública no se podrá cerrar la brecha en su sector; por ello, se requiere promover la inversión privada.
El Congreso promulgó ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa, reforzando la seguridad de la población. ¡Conócela! 🛡️ pic.twitter.com/Bs79VaMD2B
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 18, 2024
“La brecha de inversión asciende a 53 mil millones de soles y para el 2030 ascendería a 100 mil millones. Los ciudadanos más vulnerables no pueden esperar más años sin este recurso”, explicó.
Finalmente, reiteró que no está en la agenda del Ejecutivo un plan para privatizar ni de concesionar a las empresas prestadoras de servicio a nivel nacional.