La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar afirmó esta mañana que se instaló una organización criminal en el fondo Mivivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) durante gestiones anteriores.
En una entrevista para RPP, la ministra de Vivienda manifestó que se está investigando en su cartera actos de corrupción vinculados a programas adscritos al sector tales como Mivivienda, PNSU y Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
«Yo estoy segura de que se instaló una organización criminal, no solo en fondo Mivivienda, sino en el PNSU que es otro de los programas que mayor presupuesto maneja. Estamos investigando qué es lo que está sucediendo», expresó la ministra.
Ello en relación al caso de corrupción que involucra a la ex gerenta general de la inmobiliaria Marka Group, Sada Goray, quien admitió ante la Fiscalía haber pagado una coima de 4 millones de soles al exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, para acceder a fondos para proyectos de vivienda.
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Así, la ministra Pérez de Cuéllar expresó que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en el fondo Mivivienda «se instaló una red criminal, y la hipótesis es que este fue uno de los casos, pero podría haber otros».
Por ello, la ministra aseguró que una «primera decisión fuerte y contundente» fue la de renovar todo el directorio, que son quienes toman las decisiones estratégicas de cómo debe operar el fondo, seguido de la renovación de la plana dirigencial.
Con respecto al proyecto Lima Bonita, relacionado al caso de corrupción con la inmobiliaria Marka Group, Pérez de Cuéllar expresó que se ha congelado los aportes de la población para que estos nos sigan aportando «sobre la base de un proyecto del cual nosotros no tenemos total certeza de cómo va».
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Aseguró que dicha medida fue tomada para salvaguardar a la población que se está viendo afectada por malas prácticas de la gestión anterior.
«Lo que sí podemos garantizar, a través de esta medida y otras que se han tomado, es que sus ahorros van a estar garantizados. No se les va a dejar desamparados, en el fondo Mivivienda se han tomado las proyecciones, inclusive financieras, para garantizar lo que ellos han aportado», recalcó.
En otro momento, la ministra Hania aseguró que, de acuerdo con la información de la Procuraduría General, se está investigando un total de 90 procesos vinculados al delito de corrupción de funcionarios ocurridos entre el 2016 y 2023 en el sector que preside.
Añadió que de esos 90 casos, 4 pertenecen a su gestión. «Solo en el 2023 hemos levantado 4 casos, o sea, en mi gestión básicamente», precisó.
ANDINA