La empresa estatal PetroPerú tendrá una participación en todos los aspectos de la industria petrolera para promover un mercado de combustibles con precios justos, afirmó el ministro de Energía y Minas de Perú, Iván Merino, tras reunirse con trabajadores de la compañía.
PetroPerú es una empresa de propiedad del Estado peruano que se encarga del transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y derivados del petróleo, en forma paralela a la participación de otras empresas privadas extranjeras en el país.
Uno de los anuncios del presidente peruano, Pedro Castillo, en su asunción al mando (2021-2016) fue precisamente el fortalecimiento de PetroPerú en todos los ámbitos de la actividad petrolera y de hidrocarburos en el país.
El ministro Merino declaró que llevará a cabo lo anunciado por Castillo el pasado miércoles, «donde señaló la importancia de que Petroperú participe en todos los aspectos de la industria petrolera promoviendo un mercado de combustibles con precios justos y asequibles».
El titular de Energía y Minas se reunió, el sábado, con representantes de los sindicatos de trabajadores de PetroPerú, agrupados en la Convención Nacional de Sindicatos.
Merino afirmó que el impulso y fortalecimiento de PetroPerú será un aspecto clave que demandará un esfuerzo conjunto con los trabajadores y las comunidades aledañas a las operaciones de la empresa, entre otros actores sociales.
De la misma forma, el ministro convocó a representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para compartir con ellos las propuestas del Gobierno sobre la rentabilidad social en las industrias extractivas.
Castillo explicó que la rentabilidad social será aplicada en los proyectos de inversión privada para asegurarse que exista un mayor beneficio económico para los gobiernos locales y regionales, donde están asentados los proyectos extractivos.
Sin embargo, entre los mercados privados de inversión ha generado incertidumbre el anuncio del mandatario de convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política que estaba vigente desde 1993 y que facilitó la apertura comercial y limitó la participación del Estado en las actividades productivas. EFE