El titular del Interior, Juan José Santiváñez, planteó hoy la firma de un Pacto por la Seguridad, que garantice a los policías no ser perseguidos judicialmente si hacen uso legítimo de sus armas de fuego.
“Solicito la suscripción del Pacto por la Seguridad, donde firmen todos, incluyendo el Ministerio Público, el Poder Judicial, y que se garantice que los policías que, en uso legítimo y legal de sus armas de fuego, no serán perseguidos judicialmente, necesitamos eso para continuar en lucha contra la delincuencia y criminalidad”, sostuvo durante la mesa de trabajo por la seguridad ciudadana que organiza el Parlamento,
Indicó que hay policías que purgan prisión por el uso de sus armas de fuego y recordó el caso del policía herido de bala en la cabeza, en San Borja, debido a que no uso su arma para no ser denunciado.
Asimismo, respecto al proyecto de ley para considerar terrorismo urbano a la extorsión y sicariato, Juan Jose Santiváñez afirmó que para el Ejecutivo es necesaria esa calificación porque implica elevar las penas para estos delitos y la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en la persecución.
En ese sentido, consideró que la calificación de terrorismo urbano para sicariato y extorsión es necesaria porque son conductas que ponen en vilo nuestra seguridad.
Dijo que, aunque la norma establece que las conductas que generan terror o zozobra en la población con los mencionados delitos se debe reprimir con no menos de 30 años de prisión se necesita tipificar esta conducta como terrorismo urbano porque ello lleva también a un cambio en la administración de justicia.
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“El terrorismo urbano no puede ser perseguido por un fiscal común sino por un fiscal para delitos de terrorismo; no lo juzga un juez común sino un juez para delitos de terrorismo; el procurador que representa al Estado es el de terrorismo, y el cabecilla de esta organización puede ser enviado a la Dinoes o a la Base Naval porque es terrorismo”, recalcó.
Por ello, recalcó que para el Ejecutivo se debe modificar o revaluar esta figura y planteó la modificación del Código Penal para la receptación de bienes robados.
“Se sanciona con pena efectiva al que roba, al que vende, pero el que compra no va a la cárcel y el que compra justamente es el que incentiva el mercado. Existen delincuentes que asaltan con pistola para robar un celular porque existe gente que compra celular ensangrentado, eso debe modificarse en el Código Penal”, declaró.
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Del mismo modo, el ministro pidió la revisión en una mesa técnica la participación de menores de 16 y 17 años en la comisión de conductas penales, debido a que organizaciones criminales se valen de estos jóvenes para dejar granadas y cometer ataques armados debido a que saben de su inimputabilidad penal para la justicia.
El titular del Interior también señaló que se debe revisar la propuesta legislativa para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas denunciadas por actos en cumplimiento de sus funciones, en la vigencia del estado de emergencia, se los procese en la justicia militar.