El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, consideró que la decisión de incautar la residencia del expresidente, Ollanta Humala es “a todas luces desproporcionada” y dijo esperar que este caso se resuelva en una instancia superior en el Poder Judicial.
Asimismo aclaró que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) no puede alquilar el predio a Ollanta Humala, como ha solicitado el ex mandatario, porque iría en contra de la disposición judicial de incautación.
“El arriendo infringe la medida de desposesión, lo que corresponde es que la instancia superior del Poder Judicial disponga la suspensión de la medida y que enfrente el juicio viviendo decorosamente en su casa”, declaró tras la última sesión del Consejo de Ministros.
Heresi consideró que se observa que no hay igualdad en la aplicación de la ley frente a otras investigaciones por aportes de campaña, pero, pese a ello, precisó que desde el Ejecutivo serán respetuosos de las instituciones.
No obstante, el ministro indicó que si alguna persona considera que sus medidas son desproporcionadas e injustas, tienen los canales que establece la ley para apelar la decisión en segunda instancia, como lo ha hecho en este caso Humala Tasso.
Exhortó, por ello, a todos los operadores de justicia, entre ellos los procuradores, fiscales y jueces, a buscar la eficiencia de la gestión jurisdiccional con sus acciones y no la atención de la opinión pública.
“La gran pregunta que hago es ¿afectaba la lucha contra la corrupción el dictar o no la medida de incautación de la vivienda donde vive Ollanta Humala y su familia?, ¿el señor Humala tiene acusación firme de la Fiscalía formalizada? Si no la tiene, ¿no es hasta cierto punto desproporcionada la medida?”, cuestionó.
Manifestó su preocupación por los ciudadanos en general que deben enfrentar órganos jurisdiccionales con herramientas legales aplicables en países donde el sistema judicial tiene predictibilidad, a diferencia del Perú, donde hay una debilidad institucional.
De otro lado pidió al Congreso revisar la legislación penal para establecer reglas y garantías que eviten situaciones arbitrarias y excesivas contra los investigados, vulnerando la presunción de inocencia que dicta la Constitución. (ECHA)
Foto: Crónica Viva/Joel Alonzo
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