La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, anunció hoy que el Registro Único de Víctimas (RUV) de la violencia que afectó el país entre 1980 y el año 2000, será reabierto próximamente.
Durante una visita a la ciudad de Mazamari, provincia de Satipo, región Junín, la ministra recordó que esa memoria fue cerrada el año 2011.
Indicó que ese instrumento permitirá al Estado cumplir con pagar las reparaciones económicas a más de 2 000 víctimas que quedaron fuera del registro.
La ministra aseguró que la formación de esta medida se realizará a través de un decreto supremo a publicarse en quince días.
Sostuvo, asimismo, que el Minjus instaló el grupo de trabajo para los lineamientos de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la época de violencia, que promoverá la recuperación de restos de víctimas, como una tarea humanitaria.
Al recibir memoriales y petitorios de la población, la ministra dijo que está encaminado el pago de doble afectación a víctimas, y la gestión desde el gobierno para que los afectados y sus hijos accedan a programas de salud, vivienda, becas y seguridad.
Durante su visita, la ministra escuchó a la población del distrito de Mazamari, provincia de Satipo, región Junín, reunida en el Congreso Regional de Afectados por la Violencia Social con Autoridades Locales de esta región.
Numerosas organizaciones de deudos, víctimas de la violencia, ronderos, campesinos y desplazados acudieron al Coliseo de Mazamari, donde la dinámica privilegió el diálogo, intercambio de experiencias e intervención de las autoridades, destacó el Minjus.
Pérez Tello, junto a la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Vignolo, escucharon con atención los casos de afectación a los derechos fundamentales.
Igualmente, prestaron atención a la manera en que nuestros compatriotas han sobrevivido por décadas frente a la escasa o nula respuesta de sucesivos gobiernos.
“Este no es un espacio de discursos, hemos venido a escucharlos. Ustedes han sido víctimas de la locura que inició el terrorismo y nosotros venimos a servirlos con respeto, a que trabajemos juntos por justicia, verdad y reparación”, señaló la ministra.
Homenaje a militares y policías
Pérez tello anunció que el Minjus será sede en Lima del próximo Congreso de afectados por la violencia social, en octubre, y que coordinará en el Ejecutivo para que los sectores Salud, Educación, Defensa y otros estén presentes.
Al agradecer la participación de población, alcaldes, regidores, congresistas, miembros de las fuerzas del orden y ronderos, pidió un minuto de silencio “para recordar a nuestros fallecidos y víctimas, militares y policías honorables que entregaron su vida en bien de la pacificación”.
La jornada tuvo intérpretes de lenguas nativas, y los participantes demandaron mayor presencia del Estado, reparaciones dignas, implementación de programas sociales, de infraestructura y salud mental, entre otros. Se reveló que, por ejemplo, 71 mil familias en Mazamari solo cuentan con cuatro médicos.
En el evento participaron los congresistas Moises Guia Pianto (Peruanos por el Kambio) y Federico Pariona (Fuerza Popular), también el presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP), Luis Aronés; el alcalde (e) de Mazamari, Miguel Ríos, y representantes de organizaciones y municipios de Comas-Concepción, Satipo, Pichanaki, San Martín de Pangoa y Chanchamayo.