Modifican aplicación del uso de grilletes y de la prisión preventiva
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Diversas medidas destinadas a avanzar en el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, incluida la revisión periódica de las órdenes de prisión preventiva y el uso de grilletes electrónicos, contiene el decreto legislativo 1585, emitido por el Poder Ejecutivo.

El decreto aparece publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, así como el decreto legislativo referido a la vigilancia electrónica personal (decreto legislativo 1322).

De igual manera, se plantean modificaciones a la ley sobre el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad (Ley 30219) y al decreto legislativo que regula la conversión de penas privativas de la libertad por penas alternativas (DL 1300).

La norma publicada se enmarca en las facultades legislativas dadas al Ejecutivo por el Congreso, y también en la resolución del Tribunal Constitucional en la que se dispone la dación de medidas para aliviar el hacinamiento en las cárceles, por considerar que esta situación impide la resocialización de los internos y ha llegado a extremos insostenibles.

Con respecto a los grilletes electrónicos, las modificaciones al Código Penal y al DL 1322 señalan que su uso se aplica a personas procesadas por delitos cuya pena privativa de la libertad no sea superior a diez años.

En ese sentido, se indica que el juez podrá aplicar esta modalidad cuando se dicten penas no mayores de diez años. Cuando la condena es no menor de diez ni mayor de doce años, la aplicación de la vigilancia electrónica personal irá acompañada por prestación de servicios a la comunidad.

Estas condiciones también se tendrán que cumplir en los casos en los que la pena privativa de la libertad ya viene siendo cumplida. En ese punto se indica, además, que, si la pena es no mayor de seis años, el juez puede convertirla al sistema de vigilancia electrónica personal.

Prisión preventiva

En cuanto a la prisión preventiva, se indica que dicha medida podrá dictarse cuando la sanción a imponerse al procesado sea superior a cinco años de pena privativa de la libertad.

Se precisa, asimismo, que, luego de seis meses de ejecutada la prisión preventiva, el juez de la investigación preparatoria “revisa de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición”. Esto se realizará de manera obligatorio, transcurrido el mencionado lapso.

A fin de cumplir con ello, el magistrado convocará a una audiencia en la que se evaluará si continúan presentes los motivos que llevaron a la aplicación de esta detención. Se indica también que tanto el imputado como la fiscalía pueden apelar la decisión que se tome al respecto.

Dicha apelación “no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dicta auto de cesación de la prisión preventiva”, se indica.

En cuanto a los extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad en Perú, se indica que el beneficio de salir del país para cumplir su condena en su lugar de origen se extenderá cuando su condena no sea mayor de doce años y cuando se encuentren “en la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario”.

Respecto a la conversión de penas privativas de la libertad por penas alternativas, se señala que este beneficio se aplicará cuando se trate de penas no mayores de diez años. Para casos de delito de omisión de pago de asistencia familiar, la conversión puede darse cuando se certifique el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia.

Texto: WSV
Foto: Ministerio de Justicia

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