La denominada muerte civil para empresas involucradas en actos de corrupción es una clara señal de que el Estado peruano no va a tolerar actos de ese tipo, expresó el exfiscal supremo Avelino Guillén.
Consideró como importante la medida, que está contenida en los decretos legislativos dados mediante las facultades otorgadas por el Parlamento, porque es para determinados delitos de extrema gravedad en casos de corrupción.
“Lo importante es que empresas, que aprovechando de su personería jurídica incurran en este tipo de delitos, ya nunca más celebren contratos ni trabajen con el Estado”, expresó en declaraciones para la Agencia Andina.
Agregó que el vínculo de confianza establecido entre el Estado y la empresa particular, por el servicio brindado, al haber incurrido en un hecho delictivo “queda roto” y por eso es saludable “la muerte civil para las empresas”.
Tras resaltar que el Gobierno está dando muestras de que no admitirá actos de corrupción, consideró saludable la toma de posición y postura que asume el Estado en ser firme y drástico antes actos de corruptela en que puedan incurrir personas jurídicas.
Intervención en empresas corruptas
Guillén se mostró a favor de la intervención a las empresas involucradas en corrupción fin de salvaguardar el pago de las reparaciones civiles, para lo cual los procuradores deberán tomar acciones inmediatas.
“El Estado a través de su sistema jurídico tiene que desarrollar, ante los procesos que se avecinan, un conjunto de acciones y medidas inmediatas, como de embargo e intervención a las empresas, a efectos de poder cautelar información importante en relación de hechos delictivos y asegurar el pago de reparaciones”, aseveró.
Agregó que el Estado tiene que estar vigilante respecto al avance de las investigaciones en el Ministerio Público para tomar las acciones correspondientes.
Uno de los puntos a evaluar, añadió, es la aplicación de la cláusula anticorrupción en el Gasoducto del Sur y ver hasta que punto es conveniente una nueva licitación para esa obra tan importante para el país.
“El Estado tiene que tomar medidas preventivas al más breve plazo para el aseguramiento de reparaciones civiles, como se hace en otros países, y que empresas como Odebrecht, que ha ganado arbitrajes con maniobras delictivas, sean debidamente sancionadas”, puntualizó.