«Aún espero que mis padres se arrepientan», dice Cristina, con síndrome de Asperger y esterilizada a los 18 años para evitar que tuviera “hijos enfermos».
Saburo Kita, a sus 76, pide que le devuelvan la parte de vida que le quitaron en su adolescencia «para cumplir la cuota». Y María Elena Carbajal, con 50, se siente «como una anciana de 80» por una traumática ligadura de trompas que la quebró para siempre.
Saburo y María Elena son víctimas de macabras políticas de control poblacional en Japón y Perú en el siglo XX. Cristina fue esterilizada hace sólo una década en España, donde hasta hace muy poco se practicaban cerca de un centenar al año.
Es la herida perpetua que arrastran mujeres y niñas discapacitadas, miembros de minorías étnicas o raciales, enfermas de sida, transgénero o pobres, las víctimas mayoritarias de un crimen que también afecta, aunque en muchísima menor medida, a hombres y adolescentes.
La esterilización forzada es una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas del mundo (al menos 38 países la practicaban en 2017), pese a estar tipificada como un crimen de guerra y lesa Humanidad (Estatuto de Roma, 1998) y como una forma de violencia específica contra la mujer (1995) y de tortura (2008) por Naciones Unidas.
¿Cómo es posible que siga practicándose? Víctimas, activistas, políticos, científicos e historiadores coinciden mayoritariamente: es inconcebible, fruto de falsos mitos y reflejo del lado más sombrío de una sociedad que se jacta de ser civilizada, pero que sigue dominada por patrones patriarcales.
GENERACIONES DE IMBÉCILES
“Tres generaciones de imbéciles son suficientes”. Ese fue el argumento del juez del Tribunal Supremo de EEUU Oliver Wendell Holmes al aprobarse la ley de esterilización en Virginia en 1927. Casi cien años después, sigue vigente.
Todo empezó en 1883 con el británico Francis Galton, creador del término “eugenesia”: la aplicación de las leyes biológicas de la herencia para lograr una mejora de la especie. Sus estudios llevaron a «los blancos educados» a asumir “con naturalidad” una superioridad racial y cultural, explica Ruth Engs, profesora emérita de Salud Pública de la Universidad de Indiana.
En los albores del siglo XX surgieron teorías como la de «la degeneración», según la cual, la pobreza o el alcoholismo se transmitían de padres a hijos. O la de la «jerarquía de razas», que situaba a los europeos como los más inteligentes del planeta. Suecia, en 1922, fue el primer país en crear un instituto nacional de “biología racial”.
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Pero Engs tiene claro que el empleo de la esterilización forzada para la mejora de la raza «se originó en EEUU”, donde unas 60.000 personas, en su mayoría pobres e inmigrantes, fueron sometidas a esta práctica. Indiana, en 1907, fue el primer estado en legalizarla.
La eugenesia era «socialmente aceptable», afirma la senadora canadiense Yvonne Boyer, la «voz» de las víctimas en su país. Los científicos la acogieron con entusiasmo porque creían que «la genética de los pobres les impedía enfrentarse a los problemas», corrobora el experto español en bioética Daniel Soutullo.
En Alemania, el nazismo (1933-1945) llevó esta práctica a su cúlmen, esterilizando a 400.000 personas.
EL SIGLO XXI
Tras la II Guerra Mundial, la eugenesia perdió popularidad por el descrédito del régimen nazi. Sin embargo, con el paso de los años, algunos países desarrollaron vastos programas para diezmar a una parte de su población, casi siempre femenina, pobre, indígena y analfabeta.
Es el caso de Perú, donde el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) articuló una brutal campaña que dejó a 300.000 mujeres, la mayoría indígenas, sin posibilidad de reproducirse
Pero no sólo fue cosa de dictaduras. En Suecia, unas 63.000 personas fueron esterilizadas sin consentimiento entre 1935 y 1975, según los datos de Maciej Zaremba, el periodista que conmocionó a la sociedad sueca destapando este escándalo en 1997.
Canadá es otro ejemplo notable: una democracia consolidada que se cebó con las mujeres indígenas. «Algunos lo llaman genocidio», dice la senadora Boyer sobre las miles que fueron esterilizadas sin autorización en el siglo pasado, aunque la última denuncia es de 2017.
Actualmente, la esterilización forzosa es legal en una cuarentena de países. «Está tan extendida por la discriminación de género existente en todo el mundo», asegura Lola Liceras, portavoz de Mujeres en Amnistía Internacional España.
“La prohibición del aborto en El Salvador, la ‘obligación’ de las mujeres en Irán de procrear (…) o la expulsión de la escuela de las niñas embarazadas en Sierra Leona (…) muestran el poder estatal para aplastar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», resalta.
La esterilización forzada se practica hoy a personas con discapacidad en Reino Unido, Australia o Francia. En Europa, 16 países obligan a esterilizarse para cambiar de sexo.
También ocurre en Eslovaquia o Uzbekistán, donde se ha denunciado un programa secreto con 10.000 afectadas, la mayoría gitanas.
JAPÓN: CUMPLIR LA CUOTA
A Saburu Kita lo llevaron a un internado porque su padre no tenía dinero para ocuparse de sus estudios. Al poco tiempo de llegar, lo esterilizaron sin que supiera lo que estaba ocurriendo.
«Sentí que hacían algo por debajo, pero no sabía», relata en su pequeño piso del oeste de Tokio, sentado en el suelo y de espaldas a un pequeño altar con el retrato de su difunta esposa.
Saburo es uno de los 25.000 esterilizados en Japón entre 1948 y 1993, unos 16.500 de ellos sin consentimiento previo, en un escándalo por el que el Gobierno nipón se disculpó públicamente.
Él lo mantuvo oculto durante mucho tiempo, hasta para los más íntimos: su esposa lo supo días antes de morir. «Le pedí perdón porque me hicieron la operación y no pude darle un niño. Ella me dijo: ‘Aunque ya no esté contigo, sigue comiendo bien, por favor’. Así murió», recuerda.
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Los ribetes del caso han comenzado a salir a la luz con el tiempo. Aunque 8.500 de los esterilizados firmaron su conformidad, en muchos casos fueron obligados a ello. Solo 21 han pedido una indemnización a los tribunales, cuenta Naoto Sekiya, el abogado de Saburo.
En Japón, las esterilizaciones se practicaron fundamentalmente a enfermos o discapacitados físicos o mentales. Pero lo que le pasó a Saburo es aún más trágico: se trataba de cubrir una cuota.
El comisionado de salud pública a cargo del internado «buscaba más gente» y consultó al director de la institución «para ampliar el número». A Saburo le tocó porque «se portaba mal».
Aún recuerda ese día. Un maestro lo llamó y le condujo al médico. Con 14 años y sano, no entendía por qué estaba allí. «La enfermera me obligó a desnudarme desde la cintura. Después sentí una inyección en mi espalda, no sabía que era la anestesia».
Salió del lugar con dudas. «Un día alguien me preguntó si sabía qué me habían hecho. Le contesté que no y me dijo que era la operación que impide tener hijos. Me quedé sorprendido».
Con el tiempo conoció a otros que pasaron por lo mismo y algunos, como él, llegaron a los tribunales.
Aunque Japón aprobó una compensación para cada víctima de 3,2 millones de yenes (unos 27.000 euros), no todos la han conseguido. «No hay un registro de mi operación», dice Saburo, que el pasado 30 de junio perdió su juicio por haberse superado los 20 años desde la esterilización.
Él no se da por vencido y recurrirá: «No se trata de dinero, quiero que me devuelvan parte de mi vida».
ESPAÑA: LA PARADOJA PERVERSA
A sus 27 años, Cristina tiene claro qué le pasó a los 18: «Me quitaron algo que era mío y que debía haber elegido yo».
La esterilización forzada ha sido legal en España hasta el 2 diciembre de 2020. Ese día, gracias a una larga lucha social, el Parlamento abolió el artículo 156 del Código Penal, que estipulaba como «no punible” la esterilización de un discapacitado “acordada por órgano judicial».
Se sustentaba en la premisa de librar a la mujer o niña de un posible embarazo. «Es la paradoja perversa», resume Carmela del Moral, asesora jurídica de Save the Children.
“Hay mayor vulnerabilidad a las agresiones sexuales, pues al no quedarse embarazadas los abusos no son fáciles de detectar», advierte Concha Díaz, expresidenta de la Fundación CERMI Mujeres y una de las principales impulsoras de la campaña de abolición.
La ley obligaba además a incapacitar judicialmente a las víctimas, colocándolas en una terrible encrucijada. «Pueden abusar de mí, pueden violarme, pueden maltratarme, no solo en el ámbito familiar, sino también en instituciones y residencias, pero al final no puedo defenderme y denunciar porque estoy incapacitada», denuncia Díaz.
«La esterilización del INCAPAZ está justificada porque (…) permite el ejercicio de su sexualidad, pero sin el riesgo de una posible procreación cuyas consecuencias no se pueden prever», señala una sentencia dictada en 2018 por un tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los últimos 15 años, los tribunales han avalado más de 1.300 solicitudes de esterilización. Estos números no revelan cuántas se materializaron, pero distintas fuentes coinciden en que la mayoría: alrededor de un centenar al año en la última década.
De las 127 de 2010 se pasó a 52 en 2018, aunque la cifra repuntó ligeramente (60) en 2019. Y eso que casos como el de Cristina no entran en esta estadística.
Aunque ella otorgó consentimiento, en el momento de hacerlo sólo repetía «como un mantra» las razones de sus padres: «no era responsable para mantener relaciones sexuales» y, de tener hijos, «también estarían enfermos».
Ahora lamenta haberse dejado manipular. «No estoy enferma y soy una persona perfectamente capaz de ser madre», afirma rotunda, calificando los motivos de sus padres de «discriminatorios y disfóbicos».
PERÚ: CHANTAJE Y ABANDONO
María Elena Carbajal fue esterilizada el 18 septiembre de 1996, tras dar a luz a su cuarto hijo con una mala praxis, en medio de dolores y mentiras y bajo la presión de perder a su recién nacido.
«Vinieron los médicos y las enfermeras para que me ligara. Yo les dije que no, que a mi esposo no le iba a gustar, pero repetían: ‘no es necesario que firme, podrá volver a tener hijos’. De tanta insistencia y para que apareciera mi hijo, tuve que aceptar», recuerda entre lágrimas.
Unas 300.000 indígenas, la enorme mayoría mujeres pobres, fueron esterilizadas a la fuerza entre 1996 y 2001, cuando Fujimori instauró un sistema eugenésico sin parangón tras el nazismo.
Los enviados gubernamentales llegaban a los lugares más remotos, donde puerta a puerta chantajeaban a las mujeres. «Bajo la excusa de reducir la pobreza aplicaron una política racista y patriarcal destinada a acabar con poblaciones quechua hablantes”, relata Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas (GREF).
Ella ha escuchado miles de testimonios de mujeres atadas, golpeadas, operadas sin sedación o con anestesia para animales comprada en EEUU, como la que usaron con María Elena, para quien, tras la esterilización, comenzó un larguísimo calvario.
«Mi marido no quiso saber nada de mí y tuve que irme con mis cuatro hijos (…) fue muy difícil, no sólo lo que ocurrió hace 23 años, sino los siguientes 23». Su segunda pareja también se marchó al descubrir que ya no podía tener hijos.
Junto al daño psicológico, está el deterioro físico. «No genero hormonas (…), padezco artrosis de rodilla, hombros y columna (…) tengo 50 años, pero me siento como una anciana de 80, y no es justo», dice con rabia la actual presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao.
Sus hijos no supieron nada hasta 2017, cuando comprendió que lo que le habían hecho «era un delito» y no «una casualidad». Se inscribió en el registro de víctimas, empezó a recibir ayuda psicológica y descubrió muchos casos «peores» que el suyo.
Más de veinte años después, estas mujeres continúan reclamando una justicia que no llega porque «la corrupción y el fujimorismo siguen latentes», entre la «falta de compromiso político» y la «indiferencia» de una sociedad que prefiere no mirar al pasado.
«Fue un tabú y lo sigue siendo», dice María Elena, indignada porque «ni las cicatrices, ni las declaraciones ni el sufrimiento» son pruebas suficientes para que el caso, con al menos 8 fallecidas y varias desaparecidas, reciba la justicia que merece.
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El 11 de enero de 2021, tras 16 años de investigación de la Fiscalía, la Justicia peruana abrió la primera audiencia por el caso, en la que no estuvo Fujimori por razones de salud. El exmandatario preso es uno de los denunciados junto a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, además de varios cirujanos que intervinieron a las víctimas.
La coordinadora del GREF destaca la «resiliencia» de estas mujeres: «sorprende que no busquen venganza, que solo quieran que se conozca su historia y se atienda su salud». Y María Elena recita el lema que resume la lucha de todas: «verdad, justicia y reparación».
EL FUTURO
La eugenesia ya mira al futuro: diagnóstico prenatal, exploración fetal, fecundación in vitro, reprogenética o bebés de diseño.
Los más críticos denuncian que se esconde en las investigaciones sobre el ADN. Los partidarios de la manipulación genética total o «transhumanismo» atisban una nueva especie «superior».
«Sí, muchas técnicas de ingeniería genética y reproductiva hoy en día se considerarían eugenesia, pues tratan de mejorar la salud de la próxima generación», dice Engs.
Para ella, esto sólo acaba de empezar: «se convertirá en una práctica cotidiana en las naciones desarrolladas».
Y cita como ejemplo al «investigador chino que modificó el material genético para que los bebés no contrajeran el VIH de su padre», en alusión a He Jiankui, que en 2018 anunció la creación de las primeras niñas genéticamente modificadas del mundo resistentes a ese virus, lo que le costó tres años de prisión y el rechazo de la comunidad científica.
«La Historia ha demostrado que a medida que la tecnología avanza, tiende a usarse para bien y para mal. Si bien una técnica en particular puede estar prohibida en una cultura, es probable que se use en otra», señala Engs.
Soutullo pronostica que no dentro de mucho se podrán elegir las características de los hijos o detener el envejecimiento. De momento no hay en el horizonte técnicas seguras para asumir ese postulado, «pero supongamos que en un futuro sí se pueda: ¿quién se beneficiaría? Los que tengan capacidad económica», responde.
EFE
Reportaje escrito con la colaboración de Yoko Kaneko y Agustín de Gracia (Tokio), y Julio César Rivas (Toronto). Editado por Javier Marín.