La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la Defensoría del Pueblo de Perú a raíz de diferencias surgidas entre la alta dirección y el personal de la institución.
Las tensiones se originaron tras el anuncio del cese de funciones de un número significativo de trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios, lo que provocó rechazo, manifestaciones e incertidumbre al interior del organismo.
“Desde su creación hace 20 años, la Defensoría del Pueblo de Perú goza de gran legitimidad y reconocimiento a nivel regional e internacional por su defensa decidida de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, declaró el representante para América del Sur del Acnudh, Amerigo Incalcaterra.
“Estos valores, junto a los estándares internacionales de derechos humanos, deben regir las acciones de la institución y sus autoridades, y deben ser aplicados a sus trabajadores de manera coherente con su mandato”, agregó.
Refirió que “la Defensoría del Pueblo desde su creación apoya a víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos, da seguimiento a conflictos sociales y protege a los grupos en situación de vulnerabilidad teniendo como base la sólida preparación y el profesionalismo de su personal”.
Para el representante del Acnudh, la eficiencia de la Defensoría del Pueblo no debe verse afectada por situaciones de incertidumbre e inestabilidad al interior de la institución.
“Insto al Defensor del Pueblo de Perú a mantener los canales de diálogo abiertos y gestionar de manera urgente el presupuesto necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la Defensoría”.
Asimismo, Incalcaterra llamó al Estado peruano a garantizar los recursos necesarios para que la Defensoría del Pueblo pueda seguir protegiendo los derechos humanos de todos quienes habitan en Perú.
También recomendó revisar las condiciones de los regímenes de contratación laboral en el sector público a la luz de los estándares internacionales en materia laboral.
Finalmente, el representante del Acnudh se puso a disposición del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, para seguir trabajando en conjunto la agenda pendiente en derechos humanos.
ANDINA