Ante las denuncias sobre la desaparición de documentos judiciales sobre casos de narcotráfico, la comisión parlamentaria que investigó la influencia de este delito en la política presentó un proyecto de ley con el fin de prohibir la mutilación y destrucción de estos registros.
La propuesta, impulsada por la presidenta de este grupo de trabajo, Rosa Mavila, busca garantizar la preservación de los medios probatorios usados en ese delito, así como a los de lavado de activos y de comercialización indebida de insumos químicos.
La prohibición de mutilar, incinerar, destruir o desaparecer esta documentación alcanza a operadores de justicia, policías, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas.
Incurrir en ello conllevaría a responsabilidad funcional y penal, detalla el proyecto de ley.
Para ello se encarga al fiscal o juez correspondiente conservar y poner en custodia estas evidencias.
Si la intervención a los responsables se realizó sin que el Ministerio Público participe, la Policía indicará qué agentes resguardan las pruebas del delito, según establece la iniciativa de ley.
El proyecto sustenta que durante el trabajo de la comisión investigadora se reveló la desaparición del acta de incautación y del informe sobre el traslado de 300 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el VRAEM, el 23 de octubre de 2009.
El comando policial asignado a este frente aseguró en un oficio que no existen documentos originales de este tema debido a que fueron incinerados, de acuerdo con la agencia Andina.
De igual manera, se determinó la pérdida de expedientes judiciales referidos a diversos delitos de tráfico ilícito de drogas sin que se supieran las causas de esa desaparición.
Como resultado de ello, no se puede sancionar a los autores de dichos ilícitos.