La propuesta del Congreso peruano para crear un nuevo Sistema Integrado de Pensiones, que reúna los sistemas público y privado, recibió el rechazo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por los riesgos que señalan contra el ahorro individual de sus aportantes.
La comisión parlamentaria que preside la legisladora opositora Carmen Omonte aprobó el martes el anteproyecto de ley para crear el Sistema Integrado de Pensiones y lo dejó listo para su debate en el pleno.
Esta propuesta busca que una entidad pública administre los fondos individuales que han acumulado 7,7 millones de afiliados de las AFP para su jubilación, además de las jubilaciones para 4,7 millones de afiliados a la Oficina de Normalización Previsional.
Además, crea las condiciones para que todos los trabajadores tengan acceso a una pensión, con un mínimo de años de aportaciones, a través de un Fondo de Riesgo Compartido, que será aportado por todos los afiliados, entre otros cambios.
La Asociación de AFP publicó este miércoles un comunicado en el que explica su oposición al proyecto de ley aprobado en la víspera por la comisión Omonte, que también ha sido cuestionada por los afiliados en las redes sociales.
En el comunicado, la asociación señaló que la comisión plantea que «esta entidad estatal reciba todo el dinero de los afiliados y que, a decisión del gobierno de turno, se licite el manejo de una parte del mismo».
Asimismo, criticó el fondo de riesgo compartido porque «esto se vuelve un impuesto adicional, un castigo para los que hoy ahorran para su vejez».
«Cualquier solidaridad con terceros debe financiarse con impuestos, de forma transparente», añadió.
El gremio de las AFP, que ya atravesó el año pasado los primeros embates del Congreso con la aprobación del retiro parcial de fondos, señaló que la última vez que el Estado peruano administró el dinero de los jubilados «el sistema de pensiones acabó invirtiendo en programas estatales y terminó quebrado».
Remarcó que están dispuestos a trabajar por el beneficio de los futuros jubilados pero que eso «excluye la posibilidad de que el Estado maneje todos los fondos previsionales y cree un impuesto encubierto a los trabajadores formales».
La reforma que plantea la comisión Omonte busca que haya una pensión básica para todos los mayores de 65 años o discapacitados, un sistema contributivo obligatorio para todos los trabajadores y también que haya la posibilidad del retiro de aportes libres.
Algunos de los integrantes de la comisión multipartidaria criticaron que el proyecto no garantiza una jubilación digna, como afirmó el izquierdista Enrique Fernández Chacón, o que representa una estatización del sistema privado sin atender a la voluntad de los afiliados, según comentó la congresista Martha Chávez.
EFE