BERLÍN.- La OCDE advirtió hoy de que las reformas de las pensiones acometidas en la última década en muchos países han mejorado la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales, pero a costa de erosionar la calidad de vida de los jubilados.
«Arreglar los retos financieros de los sistemas de pensiones es sólo una parte de la ecuación. La otra parte está ligada a la sostenibilidad social y a si las pensiones en el futuro serán suficientes para dotar de unas condiciones de vida adecuadas a las personas mayores», resume en su introducción el informe «Pensiones de un vistazo 2015».
La organización, que agrupa a 34 países y aconseja principalmente en cuestiones económicas, asegura que «la mayoría de los pensionistas de la OCDE disfrutan de un nivel de vida tan bueno como la población media» de sus naciones, pero entiende que la situación está cambiando.
La mayoría de quienes se jubilan ahora, al menos los hombres, ha tenido casi siempre empleos estables, pero el término «un trabajo de por vida» es un activo escaso entre quienes entran en la actualidad en el mercado laboral, argumenta el texto.
La situación es especialmente delicada para los trabajadores más jóvenes por el elevado desempleo en su franja de edad, ya que percibirán menores pensiones cuando se jubilen debido a su prolongada etapa sin trabajo.
La OCDE lanza estas advertencias tras destacar los avances generalizados entre sus países miembros y en los del G20 en la mejora de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones.
«La última década ha sido un período de intensa actividad reformista en el área de las pensiones», aplaude la organización, que defendió en los últimos años que era necesario introducir cambios en este pilar clave del sistema de bienestar en nombre de la solvencia de los estados.
Entre las medidas clave introducidas, el informe destaca el aumento de la edad teórica de jubilación -y la reducción de la distancia entre el límite legal y la edad real-, así como la limitación de la jubilación anticipada.
Por eso, la OCDE llama ahora a sus países miembros a mejorar la sostenibilidad social de sus sistemas de pensiones para «asegurar» que los ingresos de todos los pensionistas «sean adecuados», lo que, advierte, «no es sólo prevenir la pobreza».
Asimismo, exige «una coordinación consistente y coherente» de diversas políticas, desde laborales a financieras, «para asegurar que la trayectoria profesional» de las personas vayan acompañadas de «las medidas más efectivas para ayudar a maximizar sus oportunidades de retirarse de forma confortable en el futuro».
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