Ocho meses han pasado sin que se sepa nada de la joven periodista peruana Daysi Mina Huamán, cuya desaparición ha sido incluida por el grupo internacional de medios One Free Press Coalition dentro de los diez casos más urgentes a resolver en el mundo por ataques y hostigamientos a mujeres periodistas.
El caso de Daysi, de 21 años, ocupa el cuarto lugar en la lista de esta coalición de la que forma parte Efe, y es la única latinoamericana junto a casos emblemáticos de otras regiones del mundo como la egipcia Solafa Magdy, acusada de terrorismo y detenida en condiciones inhumanas e insalubres.
El caso de la joven periodista, que trabajaba en el canal de televisión local VRAE TV (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), la principal zona de producción de cocaína de Perú, el segundo productor mundial de esta droga, parece apuntar sin embargo más a otro flagelo que golpea a las mujeres peruanas: la violencia machista y el desinterés de las autoridades por atajar ese problema.
SIN RASTRO
A Daysi se le perdió el rastro el 26 de enero, día en que Perú celebró sus elecciones parlamentarias, cuando regresaba desde el municipio de Santa Rosa, donde había votado y reportado sobre los comicios, hasta la casa donde convivía con su pareja, en la localidad vecina de San Francisco.
En ese trayecto de alrededor de una hora de viaje por carretera de tierra a través de esta agreste zona de selva montañosa de la región de Ayacucho, en el sur de los Andes peruanos, se perdieron las huellas de la reportera.
Gracias a los esfuerzos de búsqueda emprendidos por su familia se encontraron a un lado de la carretera su DNI, su tarjeta bancaria y su carné universitario, pues hasta hacía poco cursaba estudios de pedagogía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle «La Cantuta», de Lima.
Sin embargo, la familia de la reportera desaparecida se ha encontrado con una desesperante burocracia y la investigación que apenas ha avanzado, menos aún con los largos meses de confinamiento que ha vivido Perú por la pandemia del coronavirus.
«Fue muy complicado primero poner la denuncia», comentó a Efe Denia Mina Huamán, la hermana de Daysi, que hasta ahora no ha cesado de exigir públicamente a las autoridades que cumplan con investigar y dar con el paradero de su hermana.
DESINTERÉS Y BUROCRACIA
Al inicio la comisaría de Santa Rosa no quiso recibir la denuncia bajo el argumento de que el abuelo, el único de la familia que en ese momento se encontraba en el municipio para poder hacer el trámite, no era un pariente directo.
Tuvo que ubicar a su madre, que se encontraba haciendo labores agrícolas en una zona poco accesible de selva, para que formalizara la denuncia mientras el tiempo pasaba.
Luego la comisaría tardó más de lo debido en trasladar el expediente a la unidad especializada de la Policía que se encuentra en Kimbiri, al otro lado del río Apurímac, en la región de Cusco, y el fiscal Felipe Chuchón, que tomó el caso, lo calificó de leve, por lo que no dio prioridad a las investigaciones.
Este fiscal incluso recriminó a la hermana de Daysi la relevancia pública que le estaba consiguiendo dar a la desaparición y le advirtió que eso le podía costar la vida a su hermana en caso de que estuviese secuestrada, culpándola a ella de una eventual muerte.
«He necesitado terapia psicológica a causa de toda esta situación. En un momento el fiscal me hizo sentir que todo lo que yo estaba haciendo le podía causar a ella represalias. Eso me puso muy mal porque pensé que de repente tenía razón», manifestó Denia.
SOSPECHAN DE PAREJA SENTIMENTAL
Recientemente Chuchón cayó enfermo de COVID-19 y fue reemplazado por el fiscal Rony Quispe, quien sí calificó el caso como complejo, amplió el plazo de las investigaciones e incluyó en ella como sospechoso a la pareja sentimental de Daysi, pues hasta ahora solo estaba considerado como testigo.
Para la familia, esta persona, Noé Daniel Laura Taipe, es desde el primer momento la principal sospechosa, pues tardó más de 24 horas en reportar la desaparición.
Si supuestamente él debía haberse encontrado con ella la misma noche de la jornada electoral del domingo 26 de enero, no dio la voz de alarma hasta el martes por la mañana.Desde entonces Noé Laura se ha dedicado primero a acusar a la familia de Daysi de separarla de su lado y entregarla a su anterior pareja y después a sostener que ella desapareció por su propia voluntad en un acto de «locura».
En lugar de promover su búsqueda, desde redes sociales le pide a ella que se comunique con él.
«Si él hubiese actuado de manera diferente habríamos pensado que se trataría por alguna cuestión de su trabajo», reconoció su hermana Denia, quien además advirtió la influencia que la familia de Laura tiene sobre las autoridades locales encargadas de la investigación.
INDOLENCIA OFICIAL
La Asociación Nacional de Prensa (ANP) denunció recientemente «la indolencia de las autoridades policiales y de la Fiscalía en la investigación y búsqueda de Daysi Mina Huamán».
La ANP recordó que, según el decreto 1428, que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, el caso de esta periodista debió ser atendido con «inmediatez».
Daysi se suma así a las 3.000 denuncias por desaparición de mujeres que se presentaron en Perú en los primeros siete meses del año 2020, un periodo que incluye los cuatro meses que duró el confinamiento nacional por la COVID-19, según la Defensoría del Pueblo.
En promedio, cada dos horas se reporta la desaparición de una mujer en Perú, y al menos dos de cada tres denuncias son referentes a menores de edad, ya sean niñas o adolescentes.
De las 3.000 desaparecidas entre enero y julio, unas 2.100 son menores de edad y casi 900 son mujeres adultas como era el caso de Daysi.
Particularmente en el sur de Perú hay otros casos emblemáticos de mujeres desaparecidas, cuyo paradero es todavía una incógnita como el de la turista española de origen ecuatoriano Nathaly Salazar, de 28 años, o la estadounidense invidente Carla Valpeoz, de 35 años, ambas desaparecidas en la región de Cusco en 2018. EFE