La Contraloría General de la República denunció por delito de colusión a 26 funcionarios públicos, y 3 representantes del consorcio que encabezó Odebrecht, por defraudar al Estado en obras del tramo II de la Carretera Interoceánica Sur.
Tras realizar una auditoría al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), en el periodo 2005 – 2015, se detectó irregularidades que habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico de más de US$180 millones 363 mil.
La denuncia que comprende a funcionarios y servidores públicos del MTC, su unidad ejecutora Provías Nacional, y del Ositran, también incluye a representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. (comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA), quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La denuncia penal señala tres casos específicos. Uno es de presunta colusión entre los funcionarios del Estado y la empresa concesionaria para el pago injustificado y en exceso por tres obras o “soluciones técnicas”.
Las acciones fueron aprobadas y pagadas por las entidades del Estado, pese a que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que habría ocasionado un perjuicio por más de US$ 101 millones 747 mil, incluidos intereses y reajustes.
El segundo caso la aparente concertación entre representantes del MTC (Provías Nacional) y la concesionaria para el pago directo de 83 precios unitarios, a través de un “trato directo” por supuestas controversias, en la que se aprobaron incrementos de costos de insumos y disminución de rendimientos de equipos.
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Esto fue aprobado por Ositran y habría ocasionado un perjuicio económico por más de US$57 millones 389 mil.
El tercer caso denunciado es la colusión entre funcionarios y la concesionaria para la suscripción de una adenda que incrementó de 27% a 35% los gastos generales del presupuesto del proyecto referencial, lo que significó un costo de inversión adicional de US$19 millones a favor de la concesionaria.
Para ello, el Estado realizó una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento-CAF, que por intereses y comisiones se sumaron US$ 2 millones más.
En total, la presunta colusión en este caso habría ocasionado un perjuicio por más de US$ 21 millones, que incluye US$1 millón 822 mil, por interés del pago del saldo pendiente de deuda. (ECHA- Agencias)