Pedro Olaechea, presidente del Congreso y líder del grupo opositor que niega la disolución del Parlamento impuesta por el Ejecutivo, denunció que el Tribunal Constitucional (TC) encargado de dirimir sobre lo acaecido en el país, ha sido «capturado» por afines al presidente Martín Vizcarra.
Olaechea, quien también preside la Comisión Permanente de la Cámara que sigue en vigencia, se expresó así durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) apenas un día después de que Vizcarra considerara que se cumplieron las condiciones para aplicar el artículo 134 de la Constitución y disolviera el Parlamento.
«Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar, dado que hoy sabemos que hay una captura de hecho, que se expresó en la no renovación del TC», señaló Olaechea.
El diputado se expresó así al ser cuestionado expresamente sobre los próximos pasos que tomarán los legisladores que se niegan a asumir la disolución de la Cámara y si acudirían al TC, máximo intérprete de la Constitución peruana para aclarar la situación.
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Para este grupo de diputados, compuesto por representantes opositores encabezados por la agrupación fujimorista Fuerza Popular, la disolución decretada por Vizcarra es un «golpe de Estado» por violar la Constitución y, por tanto, es ilegal.
Sin embargo, aún ninguno de sus representantes ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, cuya controvertida renovación fue el motivo que detonó este lunes en último lugar la crisis política que vive el país.
«Nos damos cuenta por qué es que no se quiso renovar el TC. Hoy día sabemos ya que este era un tribunal adicto al gobierno, por eso la incomodidad con el nombramiento. Ahora lo entendemos», aseguró Olaechea.
En una tormentosa sesión parlamentaria, el hoy disuelto Congreso votó la elección de un nuevo magistrado para el alto tribunal, pese a que el Gobierno había presentado una cuestión de confianza precisamente para se revisaran las normas de selección de candidatos para esos cargos y dotarlas de mayor transparencia.
La elección del jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo hermano de Olaechea, que se abstuvo en la votación, fue considerada por Vizcarra como una «negación fáctica» de la confianza y aplicó en consecuencia el artículo de la Constitución que le habilitaba a disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones.
El proceso de votación que impulsó el fujimorismo fue denunciado tanto en Perú como ante instancias como la CIDH, que expresaron su preocupación por la falta de transparencia y la velocidad con la que se pretendía renovar a sus miembros.
En ese sentido, Olaechea afirmó que «el TC tiene que cambiar a sus miembros» y aceptar a la persona que fue votada por el Congreso antes de su suspensión, y apuntó que ahora se van a dar «varias acciones legales en ese sentido».
Del mismo modo se expresó en declaraciones a Efe Rosa Bartra, una de las principales figuras fujimoristas, quien apuntó que «desde su primer día» como presidente, Vizcarra «ha pretendido tomar las instituciones».
«Si no toma las instituciones, las bloquea. Eso es lo que hace este gobierno golpista y usurpador. ¿Y qué ha pretendido con el TC? (…) mantenerlo en funciones cuando uno de sus vocales dijo abiertamente que era adversa al fujimorismo», afirmó Bartra.
Respecto a la legalidad de las acciones tomadas por la facción de congresistas que lidera, como la «suspensión» que votó de la autoridad del presidente Vizcarra y la juramentación que hizo de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones», Olaechea las defendió como respuesta a «la agresión del presidente contra todos los peruanos».
Sin embargo, reconoció que no han sido publicadas en el diario El Peruano como exige la ley para que sean vigentes debido a que ni la Presidencia ni El Peruano aceptaron recibir sus resoluciones.
EFE