BUENOS AIRES.- La organización no gubernamental Transparencia Internacional consideró hoy preocupante el supuesto fraude en la financiación de la campaña del frente gobernante Cambiemos para las elecciones legislativas del año pasado, algo que investiga actualmente la justicia.
La presidenta de esa entidad, la argentina Delia Ferreira (foto), señaló que si, como denunció la oposición, la coalición falsificó los datos de aportes que recibió en la provincia de Buenos Aires para los comicios, se trataría de una clara violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
La norma «establece con absoluta claridad que no se pueden recibir aportes anónimos y que los partidos tienen la obligación de reportar el origen de los fondos, individualizando cada uno de los donantes», consideró, en declaraciones a la radio Futurock.
Ferreira señaló que, para la campaña de las legislativas de octubre de 2017 en ese distrito, gobernado por la oficialista María Eugenia Vidal, Cambiemos adjuntó una lista de nombres que no fueron «los verdaderos aportantes», sino contribuyentes «fachada» para «tapar el origen del dinero que efectivamente se utilizó».
En ese sentido, advirtió de que todos ellos son, «por extraña casualidad», beneficiarios de planes sociales y no tienen ningún vínculo directo con el bloque con el que el presidente Mauricio Macri llegó a la Presidencia argentina en diciembre de 2015.
Esto significaría que hubo un acceso a bases de datos personales que, según ella, deben estar resguardadas por las autoridades públicas, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o el Ministerio de Desarrollo Social.
«Ahí tenemos otro problema, que es la apropiación de identidad o la violación del secreto de las base de datos», señaló la titular de Transparencia Internacional -organización con sede central en Berlín- antes de recordar que, actualmente, hay tres investigaciones judiciales abiertas por este tema, dos en el fuero penal y una en el electoral.
Además, destacó que podría haber un delito de malversación y abuso de fondos públicos «con fines de proselitismo» si se comprueba que existe una coincidencia entre la «asignación extra» que recibieron una serie de empleados de la ciudad de Buenos Aires y la donación que estos realizaron a la campaña de Cambiemos.
Consultado hace dos semanas por este tema, Macri se limitó a hacer referencia a la investigación judicial abierta y la auditoría que ordenó Vidal, quien además forzó la dimisión de quien fuera la titular de la Contaduría General de Buenos Aires, Fernanda Inza.
Para Ferreira, la responsabilidad de lo ocurrido no recae sobre las administraciones, sino sobre los candidatos, los partidos y los encargados del área económica, pero las respuestas de todos ellos hasta el momento han sido «no muy sólidas».
«Durante años, hemos venido pidiendo los que trabajamos en financiamiento de la política que se fortalezca el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral. Con siete auditores no se puede controlar (…) todas las campañas en todos los distritos para todos los cargos nacionales», denunció.
EFE