JERUSALÉN.- Las seis organizaciones no gubernamentales palestinas declaradas terroristas por Israel este viernes urgieron hoy a la comunidad internacional que se pronuncie en contra de esta medida represiva e intimidatoria y exija su revocación a las autoridades israelíes.
Un comunicado firmado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil palestina -incluidas las seis declaradas terroristas- denunciaron un ominoso e inédito intento de Israel por silenciarlas y criminalizarlas y alertaron sobre un riesgo inminente para sus trabajadores.
Alertaron sobre una campaña sistemática israelí que desde hace años bloquea el trabajo de documentación en materia de derechos humanos y la cooperación de estas organizaciones con organismos internacionales y las Naciones Unidas.
En base a esto, exigieron a la comunidad internacional que demande la revocación de la designación de estos grupos como terroristas, que urja a las autoridades israelíes a que cesen las políticas ilegales de intimidación y acoso contra la sociedad civil palestina, que condene el uso ilegal de la ley israelí en los territorios palestinos ocupados y que exprese públicamente el no reconocimiento internacional de esta medida, a la que describieron como un acto de apartheid.
Un comunicado difundido ayer por el Ministerio de Defensa israelí indicó que la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia operan bajo el ala del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista no solo por el Gobierno israelí sino también por Estados Unidos y la Unión Europea.
Esta decisión prohíbe las actividades de estas organizaciones, autoriza a las autoridades israelíes a cerrar sus oficinas, confiscar sus bienes y arrestar y encarcelar a sus miembros y prohíbe la financiación o incluso la manifestación pública de apoyo a sus actividades.
El anuncio fue rápidamente condenado no solo por las autoridades palestinas sino también por organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que describieron la medida como una escalada alarmante y como «un ataque contra el movimiento internacional de derechos humanos». EFE