ONU cita al Perú para responder por ley de Rospigliosi que beneficia a los asesinos

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Mediante sus redes sociales, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU publicó sus conclusiones y solicitó información a Perú respecto a la ley que elimina la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, promulgada en el presente año.

Por tal motivo, las Naciones Unidas citó al Gobierno de Perú y al de Argentina a una audiencia para marzo 2025.

En el mencionado documento, la entidad internacional sustenta su pedido indicando que de acuerdo con el artículo 29 de la Convención para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada, “siempre que lo considere necesario teniendo en cuenta el estado de aplicación de sus recomendaciones por el Estado parte y la evolución de la situación con respecto a las desapariciones forzadas en el Estado parte”.

 

 

¿Qué se le solicitará al Estado?

De acuerdo con el documento, se le solicitará al Gobierno del Perú a explicar los motivos por los que el Estado parte consideró oportuno adoptar la Ley de lesa humanidad (6951/2023-CR), especificar en qué medida dicha ley resulta compatible con los derechos y obligaciones contenidos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como con las recomendaciones contenidas en las observaciones finales que el Comité de las Naciones Unidas trasmitió al Estado parte en el 2019.

Ley que protege a los asesinos

La ley de lesa humanidad o amnistía fue impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi y el cuestionado marino José Cueto y ocasiona la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002. La norma fue promulgada en El Peruano el pasado 9 de agosto, junto con la cuestionada ley del crimen organizado.

Cabe precisar que la ley de impunidad es cuestionada por organizaciones internaciones, ya que estaría yendo contra los derechos humanos, por lo que expertos indican que si bien no habría una sanción económica o militar como tal, sí existiría implicaciones políticas.

 

Texto: WSV
Foto: Naciones Unidas

 

 

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