GINEBRA.- La ONU corroboró hoy que, en su intento por sofocar las protesta en Chile, el cuerpo policial de Carabineros de Chile violó varios derechos humanos de los manifestantes y reclamó que, ante la continuación del movimiento ciudadano en ese país, se ponga fin «al uso indiscriminado» de escopetas antidisturbios.
Una misión enviada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a Chile para investigar la violencia en torno a las manifestaciones presentó hoy las conclusiones de su trabajo, que confirma que hubo uso «excesivo o innecesario» de la fuerza que provocó lesiones y muertes.
Un total de 26 personas murieron en el contexto de las protestas y «en cuatro de esos casos estuvieron involucrados agentes del Estado», mientras que los heridos han sido unos 4.900, según cifras del Ministerio de Justicia.
Otras violaciones que se constataron fueron torturas y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, con un total de 28.000 personas que llegaron a pasar por lugares de detención y de las cuales 1.610 siguen privadas de su libertad.
«Carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y pacíficos», lo que provocó que cargaran con todos sin distinguir entre ellos e incluso con transeúntes que nada tenían que ver con la protesta, según el informe de la ONU.
El documento propone «reformas estructurales» de Carabineros, de modo que haya una supervisión civil e independiente de sus actividades.
«Y en vista de que las protestas no han finalizado se deben tomar medidas preventivas inmediatas para que no se cometan más abusos, ya que continuamos recibiendo denuncias de violaciones por parte de las fuerzas policiales», sostuvo en una rueda de prensa la jefa de la misión Imma Guerras-Delgado.
Sin embargo, las fuerzas armadas también tienen parte de responsabilidad, sostuvo.
«Graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, muertes ilícitas y tortura, fueron cometidas por personal militar, en particular durante el estado de emergencia», recalcó la especialista de la Oficina de Derechos Humanos que dirige la alta comisionada y expresidenta chilena, Michelle Bachelet.
Además de escopetas antidisturbios, el informe de la ONU afirma que también se utilizaron de forma indebida gases lacrimógenos, como lo confirma que muchos de los heridos hayan sufrido el impacto de los cartuchos, cuando las reglas de su utilización indican que éstos deben dispararse hacia el aire.
Los análisis realizados y testimonios recogidos señalan igualmente que ambas armas se utilizaron a corta distancia, lo que está prohibido, además de que un rifle antidisturbios debe utilizarse únicamente como último recurso.
En numerosos casos evaluados, su uso se produjo en circunstancias en las que no había ningún riesgo ni para manifestantes, policías o transeúntes.
Guerras-Delgado reveló que la represión se extendió más allá de las protestas: «Líderes estudiantiles han sido acosados por su rol en las protestas. También hemos visto que periodistas, activistas y trabajadores de la sanidad sufrieron restricciones para realizar su trabajo».
El informe también denuncia los ataques que -en menor proporción- sufrieron las fuerzas de seguridad y sus locales, así como casos de saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada.
Una de las conclusiones más inquietantes del informe es que a pesar del gran número de denuncias y acciones judiciales emprendidas, hasta ahora solo hay nueve imputados formalmente como presuntos autores de delitos.
En su comparecencia ante la prensa, la jefa de la misión destacó la plena colaboración que el Gobierno chileno había ofrecido a su equipo, que tuvo libre acceso a hospitales, a centros de detención, incluidas comisarías y cárceles.
Por otra parte, el informe destaca en sus recomendaciones la importancia de que se garantice que los responsables de las violaciones paguen por sus actos y que no se busques justificaciones, como decir que estaban obedeciendo órdenes superiores.
Asimismo, pide que las víctimas tengan acceso a procedimientos facilitados para que se les haga justicia y que los detenidos sean examinados por personal médico después de su arresto.
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