La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, lamentó este jueves que el Gobierno de Perú no haya respondido aún a la carta del 15 de junio donde le expresaba su preocupación por los asesinatos y amenazas de líderes indígenas.
«Hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta», comentó Lawlor en Twitter tras vencerse el plazo de 60 días que dio al Ejecutivo peruano para esperar su respuesta a la carta que firmaba junto a los relatores especiales sobre derechos indígenas, José Francisco Cali; y sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard.
En esa misiva, los tres relatores de las Naciones Unidas manifestaban al Gobierno peruano su «profunda preocupación» por los asesinatos de los indígenas Arbildo Meléndez y Gonzalo Pío Flores presuntamente a cargo de madereros ilegales e invasores de sus tierras.
También incluyeron en esta comunicación el intento de asesinato en julio de 2019 de Germán López, jefe de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, en donde viven indígenas de etnia yánesha y asháninka, ubicada en Puerto Inca, de la región de Huánuco, que se encuentra en el centro de Perú, donde se había opuesto al ingreso de invasores de tierras.
Tanto López como Meléndez se reunieron en enero con el entonces relator especial de la ONU para la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, durante su visita oficial a Perú.
ASESINATOS DURANTE CUARENTENA
Los asesinatos de Meléndez y Pío Flores ocurrieron durante el periodo de cuarentena nacional decretado por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus, lo que demuestra que la tala ilegal y otras actividades ilícitas no descansaron durante ese tiempo.
Meléndez fue asesinado el 12 de abril y era jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, poblada por indígenas de la etnia yánesha también en Puerto Inca.
Desde hacía dos años Meléndez denunciaba la presencia de invasores de tierras que buscaban implantar en el territorio de su comunidad cultivos ilícitos de hoja de coca, materia prima que va a parar al narcotráfico para elaborar cocaína.
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Un mes antes de su muerte, su pareja Zulema Guevara ya había sido objeto de un ataque del que resultó herida cuando una embarcación chocó deliberadamente con su bote en el que viajaba con sus dos hijos.
Por su parte, Pío Flores apareció muerto el 18 de mayo con dos disparos en la cabeza tras haber desaparecido el día anterior. Él era líder de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, de etnia asháninka, en el municipio de Puerto Bermúdez, ubicado en la provincia de Oxapampa, de la región Pasco.
En su caso, Pío Flores se había distinguido por lograr el título de propiedad comunal para el asentamiento nativo y proteger sus bosques contra la tala ilegal.
PRESUNTO PATRÓN DE VIOLENCIA
Ante estos hechos, los tres relatores de la ONU comunicaron al Gobierno peruano el 15 de junio su «preocupación ante un presunto patrón de violencia que se observa en las comunidades nativas que buscan proteger sus territorios de la deforestación y defender su seguridad jurídica».
«Nos preocupa que los defensores del medioambiente se encuentren en mayor riesgo en la región dado que, según la información recibida, los ataques se centrarían en personas que trabajan para la titulación de sus tierras y su protección frente a la injerencia de terceros», apuntaron.
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Por ello, reclamaron al Estado peruano un informe detallado de las investigaciones seguidas en los casos referidos y de las acciones tomadas para salvaguardar a los familiares de estas víctimas que siguen amenazados, pero esta respuesta no se dio pasados los 60 días otorgados de plazo.
EFE