La prensa ecuatoriana dedica este sábado sus informaciones sobre la elección de la cuarta vicepresidenta de este Gobierno al presentar a María Alejandra Muñoz a los ciudadanos.
Sin ser una desconocida, era la única de los tres nombres propuestos por el mandatario, Lenín Moreno, que no ocupaba la primera línea de la política.
La sustituta del vicepresidente saliente Otto Sonnenholzner era hasta este viernes directora del Servicio Nacional de Aduanas, había colaborado a sus 41 años con Gobierno anteriores y ahora es la número dos de Moreno gracias a los votos de la oposición.
La maniobra de los bloques de Revolución Ciudadana, la escisión correísta que salió del oficialismo al inicio de la legislatura, y del Partido Social Cristiano fue tan evidente que los dos primeros postulantes no consiguieron ni siquiera el beneplácito al completo de su propio grupo.
La votación de la Asamblea, convocada para el viernes a última hora por las dificultades para recabar apoyos, quedó sentenciada definitivamente la noche anterior cuando se reveló la transcripción de una coversación entre dos asambleístas que están imputados por delincuencia organizada y en prisión preventiva.
Atribuían a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la favorita del presidente, el rol de “responsable” o de conceder los “espacios” mientras hablaban de una trama que abastecía a hospitales a cambio de votos en la Asamblea.
Rafael Correa lanzó tuits incesantemente sobre ese caso, legisladores afines a su movimiento insistieron en lo inadecuado de elegir como vicepresidenta a una figura con tales señalamientos y los demás bloques legislativos mantenían el mismo sentir.
Romo interpretó en respuesta a EL PAÍS que esa revelación era “un ataque dirigido” contra su designación. Si ella no era elegida en la primera votación, pero los otros dos aspirantes tampoco, habría accedido igualmente al nuevo, según lo previsto por la ley.
“Se debe impedir que el vericueto legal, no legítimo, del ministerio de la ley permita acceder a la vicepresidencia, en reemplazo de la voluntad popular y del ejercicio de democracia representativa”, manifestó Henry Cucalón, de la bancada socialcristiana.
Esa posibilidad llevó incluso a la coordinadora de la formación oficialista Alianza PAÍS, Ximena Peña, a renunciar horas antes de la elección a ese puesto en la Asamblea. “Este cargo, que ha enfrentado polémicas en los últimos años, requiere de legitimidad. Es verdad que no podemos convertirnos en jueces y asumir un papel que le corresponde al sistema de justicia, sin embargo, en el ámbito político corresponde tomar una decisión. Una designación cuestionada no abonará en lo absoluto al fortalecimiento de nuestra imagen institucional y como movimiento”, se justificó.
Finalmente, votó no, pero sí favoreció el nombramiento de la candidata que resultó ganadora.
En medio de ese cruce de acusaciones y de una semana de tiranteces y silenciosos acuerdos entre los bloques legislativos -a través de llamadas y mensajes, pues las sesiones presenciales están suspendidas por la covid-19-, el Pleno fue convocado para tomar la decisión.
De los 135 legisladores presentes, la candidata favorita del presidente Moreno, María Paula Romo, tan solo recabó 36 votos afirmativos, 87 negativos y 11 abstenciones. El segundo en la lista era Juan Sebastián Roldán, otro hombre fuerte del Gobierno que ocupa la Secretaría General de Gabinete. Su resultado fue peor: solo 12 apoyos, menos de un tercio de la bancada oficialista.
Fuente: elpais.com